Comisión de Educación presenta alternativa para garantizar la subsistencia de centros educativos particulares

La Comisión de Educación, presidida por el asambleísta Jimmy Candell, aprobó una resolución que busca garantizar la subsistencia y sostenibilidad de los centros educativos particulares, que permita especialmente la estabilidad laboral de docentes, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia Covid-19. La propuesta será puesta a consideración de la mesa de Desarrollo que tramita el proyecto urgente de Ley Humanitaria.

El documento establece que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales no podrán suspender, bajo ninguna forma, la asistencia, evaluación y el otorgamiento de títulos o certificados a alumnos por retraso en los pagos de pensiones durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Para tal efecto, el Gobierno entregará los incentivos monetarios los cinco primeros días de cada mes, fijados en el artículo 8 de la iniciativa urgente.

Además, se pone de manifiesto que estas entidades realizarán descuentos en las pensiones, de acuerdo a una tabla de porcentajes. Los descuentos se realizarán en función de la última pensión cobrada en el mes de marzo del 2020, en el caso del régimen Sierra, o a la última pensión cobrada en el caso de la Costa.

Las instituciones educativas particulares que realizan descuentos firmarán, conjuntamente con los padres y madres de familia o representantes legales, un compromiso de cumplimiento de pagos. Estas medidas se aplicarán por todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

La resolución plantea que estos centros accedan a líneas de crédito; facilidades de pago de obligaciones con la seguridad social; que las empresas de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telefonía e Internet suspendan los cortes del servicio por la falta de pago de los mismos; exención del pago de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, especiales o adicionales; suspensión de desahucio en materia de inquilinato.

También se dispone que mientras dure la emergencia sanitaria y se retome el inicio de clases presenciales, las empresas de telefonía darán acceso gratuito a internet a los estudiantes del sistema educativo público y de las instituciones de educación superior públicas, garantizando que la ciudadanía pueda acceder y descargar los recursos para la continuidad de los estudios. Adicionalmente, el Ministerio de Educación suspenderá el cobro de obligaciones a los prestadores de servicios de expendido de alimentos y bebidas en bares de las entidades escolares públicas y oportunamente procedera a su reprogramación.

Desvinculación y falta de herramientas tecnológicas

Previamente, la mesa escuchó el sentir del representante de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de las provincias de Santa Elena, Guayas, Loja y de la Comunidad 13 de Abril, quienes cuestionaron la desvinculación de maestros en momentos de incertidumbre por la pandemia, así como la falta de herramientas tecnológicas para cumplir con los teletrabajos.

Fernando Gonzabay, de Santa Elena, expuso que en su jurisdicción solo el 13,5 % de la población cuenta con computadoras y el 7,2 % tiene internet. Entonces, la postergación de clases es la oportunidad propicia para dotar de equipos tecnológicos a los estudiantes de las familias más pobres y que el Ministerio de Educación implemente plataformas que faciliten la capacitación efectiva de docentes.

Elena Barreiro, del Frente de Lucha de Ingreso al Magisterio, comentó que de 54 990 docentes en Guayas, 29 490 trabajan con modalidad de contrato ocasional y 25 530 con nombramiento provisional, al precisar que un tercio del sector de maestros labora en ésta segunda condición, lo que se institucionalizó en el anterior gobierno. Dijo que por cuestión humanitaria deben retornar a sus puestos los profesores que fueron desvinculados en abril.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL