09 diciembre 2015

Boletines de prensa. Asamblea Nacional

Quito, 09 diciembre de 2015 Boletín 5092

Proponen cambiar concepto de medicina prepagada por atención de salud prepagada

“Cualquier actividad con salud tiene que contribuir a fortalecer el ejercicio de este derecho, que es el asidero fundamental de la Constitución y de la cual se deriva una serie de aplicaciones organizativas y de gestión, relacionadas con la atención de la salud”, destacó el doctor Ramiro Echeverría, delegado del Instituto de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito, en el marco del análisis del proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada que realiza la Comisión del Derecho a la Salud.

Sus observaciones estuvieron enfocadas desde la salud pública, más que de aspectos técnicos y financieros que tengan que ver con los seguros y las empresas de medicina prepagada.

Señaló que la salud es un servicio público, por tanto, no debe ser vista en su integridad como un objeto de mercado, aunque algunos insumos y ciertos elementos de la atención pueden serlo.

Aseguró que existe una cobertura creciente de la población en cuanto a las empresas de medicina prepagada y seguros médicos. Según la encuesta nacional del 2004 Endemain, el 2.7% de la población tenía un seguro privado de salud o una afiliación a una empresa de medicina prepagada y al 2015 se estima un 5,9% de la población, es decir alrededor de 950 mil personas, lo que evidencia que existe demanda de la población para esta protección de seguros privados.

El crecimiento de los seguros en general entre el 2004 y 2012 de un 19,2% pasó al 37% y según otra encuesta del 2014 el 41% de la población, equivalente a seis millones de habitantes ya tiene algún tipo de seguro.

También destacó el incipiente proceso de regulación y control tanto a nivel empresarial cuanto de servicios, como de atención.

Observaciones específicas

Está de acuerdo que la ley regule la medicina prepagada; no obstante sugirió mencionar a las empresas, es decir, que sea una ley que regule a las compañías o empresas de medicina prepagada.

En el objeto del proyecto, propuso que a más de garantizar la seguridad integral, se considere la necesidad de proteger el derecho a la salud, la vida y los derechos de los consumidores.

Sobre las definiciones, pidió diferenciar las prestaciones médicas con atención de salud. Aclaró que está última incluye componentes importantes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, cuidados paliativos, entre otros, con visión integral.

La asambleísta María José Carrión, coincidió que la ley debe ir compaginada con el Código de la Salud y un sistema integral, ya que no se puede mirar solo desde la atención médica o el tratamiento de una enfermedad específica, sino desde una visión integral.

Está de acuerdo con que se cambie el concepto de medicina prepagada por atención de salud prepagada, para entender que abarca la curación, prevención, promoción, rehabilitación y seguimiento. RSA/pv

Quito, 9 de diciembre del 2015 Boletín 5093

Código de la Democracia continuará con el trámite según la Ley

La Comisión de Participación Ciudadana elaborará un borrador de informe para primer debate de reformas a la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia). Con ese texto convocará a los autores de los 11 proyectos que reposan en la Mesa, así como a los actores políticos, sociales y ciudadanos para que expongan sus criterios y elaborar el informe definitivo. Sin embargo, el presidente, Fabián Solano, aclaró que el tratamiento para segundo debate quedará para después de las elecciones del 2017.

Solano indicó que no hay ningún impedimento legal para que continúe el trámite para primer debate sobre estas reformas, pero sí para segundo, porque la Constitución en su artículo 117 dice que se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral el año antes a la celebración de elecciones. Si queremos que la Asamblea apruebe los cambios al Código de la Democracia lo tendría que hacer máximo hasta la segunda semana de febrero, pero física y humanamente es imposible, es decir, tendríamos un plazo no mayor a 60 días, sostuvo.

Si nos apresuramos en este trámite seríamos susceptibles de cometer errores y queremos tener unas reformas expeditas, claras e integrales. Además hay asuntos que tendríamos que adecuar, por la enmienda a la Constitución sobre la postulación para la reelección, informó Solano. También aclaró que las reformas que se han planteado en la Comisión por parte de asambleístas, el Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) son de forma y no de fondo, que no alteran la estructura del sistema electoral.

Tomando en cuenta el candado constitucional para tratar temas en materia electoral, Solano explicó que la Comisión tendría tres caminos. El uno es tratar las reformas de manera inmediata para el primer y segundo; el segundo elaborar un informe para archivo; y, el tercero seguir recogiendo las observaciones de distintos sectores y elaborar el informe para primer debate. Este último recibió el apoyo de la mayoría.

La asambleísta Mae Montaño dijo que cabe aplicar el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la Comisión ordenará se ponga inmediatamente en conocimiento de todas las y los integrantes de la misma, de la ciudadanía y de las organizaciones registradas para el efecto. Lo que tenemos en nuestras manos es definir un calendario para recibir a los diferentes actores sociales y políticos y elaborar el informe para primer debate, agregó.

Con este criterio compartió el parlamentario Luis Tapia. Se debe dar cumplimiento a esta Ley, seguir el procedimiento legislativo, mediante un calendario de trabajo, afirmó. En este sentido, las legisladoras Verónica Arias y Mónica Brito pidieron que se elabore un borrador de informe para primer debate y después el cronograma de comparecencias.

Desde mañana los asesores de los asambleístas y de la comisión se reunirán para elaborar el documento y un listado de posibles ciudadanos que serán convocados y recibidos. Para la próxima semana estaría listo el borrador.

LM/pv

Quito, 09 de diciembre 2015 Boletín 5094

Comisión de Justicia recepta más aportes sobre derecho de repetición

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado receptó nuevos criterios y aportes en torno al proyecto de reformas al Art. 67 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, atinente al derecho de repetición.

El asambleísta Mauro Andino Reinoso, presidente del organismo legislativo, destacó la trascendencia del tema, considerando que el derecho de repetición permite al Estado recuperar dineros que ha desembolsado en el pago de una indemnización por la vulneración de derechos, en base a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) u otro ente internacional.

En esta ocasión, el doctor Juan Francisco Guerrero, experto en materia penal, se mostró a favor que el derecho de repetición, previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sea reformado en su integralidad, pues presenta actualmente contradicciones e inconsistencias que la pueden tornar en ineficaz.

El aspecto de la posibilidad de defenderse del funcionario, que el día de mañana será objeto del derecho de repetición debe tener un análisis claro; hay que establecer parámetros específicos para la defensa, asimismo los términos y consecuencias del allanamiento estatal a una sentencia, aseveró.

La asambleísta Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, habló de la necesidad de clarificar si la Corte Interamericana tiene potestad única para ventilar este tipo de casos o se puede evacuar en otras instancias internacionales, así como en una corte de justicia nacional.

Comentó que en el trámite de demanda contra el Estado en la CIDH participa el Procurador, no así las personas involucradas en la materia, lo que acarrea una falta al debido proceso, ya que finalmente los presuntos responsables serían encausados a través de un tribunal contencioso administrativo cuando se intenta ejercer el derecho de repetición.

MG/pv

Quito, 9 de diciembre de 2015 Boletín 5096

Comisión analiza proyecto de reforma al Código de Trabajo

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a la asambleísta Cristina Reyes, proponente del proyecto de reformas al Código de Trabajo, quien señaló que esta iniciativa nació de un requerimiento de los jubilados de distintos sectores del país que aseguran que su jubilación patronal, concebida como un derecho, en algunos casos llega a rubros mínimos de 20 y 30 dólares.

La legisladora aseveró que se necesita escuchar los criterios de los representantes del Ministerio de Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de los empleadores. La propuesta debe ser debatida e incluso puede ser replanteada, lo importante es solucionar esa situación en la que viven miles de jubilados, reiteró.

El proyecto establece, que la pensión mensual de jubilación patronal en ningún caso será menor al salario básico unificado medio del último año o la remuneración mínima sectorial que consta en las tablas salariales que aprueba anualmente el Ministerio del ramo.

De su lado, Manuel Posso, representante de los jubilados que presentaron la propuesta de reforma, a través de la legisladora Reyes, se refirió principalmente a la falta de recursos de los jubilados para satisfacer sus necesidades básicas, lo que tiene consecuencias económicas y sociales muy preocupantes. El tema de la jubilación patronal es un caso que sale del ámbito de la ley y se ha convertido en un problema social que requiere ser superado, puntualizó.

Así mismo, la comisión escuchó los criterios de Ángel López, representante de la Coordinadora Nacional de extrabajadores jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien se refirió a la reducción de pensiones patronales y a Petita Salazar Alvarado, presidenta de los extrabajadores de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), por la supuesta violación a los derechos humanos de la clase trabajadora.

En este marco, la presidenta de la comisión, Marllely Vásconez, se comprometió a evaluar ambos casos, en base a la documentación proporcionada, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan resolver los problemas de los extrabajadores.

GC/pv

Quito, 9 de diciembre de 2015 Boletín 5097

Importantes aportes para personas en movilidad incluirá Ley de Gestión de Identidad

Este jueves 10 de diciembre, la Asamblea Nacional llevará a cabo el segundo debate del proyecto de Ley del Servicio Nacional de la Gestión de Identidad y Datos Civiles. La asambleísta nacional por los migrantes, Linda Machuca Moscoso presentó observaciones que incluyen una propuesta normativa relativa a los derechos de las personas en movilidad humana.

La propuesta tiene por objeto que la ley establezca la obligación de que el Registro Civil preste sus servicios a los ecuatorianos en el exterior, servicios que se irán ampliando en virtud de las necesidades de la comunidad migrante y que deberán ser prestados de forma óptima y ágil.

Además incluye el registro rápido e inmediato de matrimonios celebrados en el exterior, el registro de los nacimientos en el exterior de hijos de personas ecuatorianas, la inscripción de defunción ocurrida en el exterior, la inscripción de actos administrativos de autoridad extranjera en lo relativo al estado civil, entre otros servicios.

Según la propuesta, el Registro Civil tendrá también el deber de registrar y conceder un documento nacional de identificación a todas las personas extranjeras que se hallen residiendo en el Ecuador, incluyendo a las personas en necesidad de protección internacional.

La legisladora resaltó que “de esta forma se evitan situaciones de discriminación, como las que generalmente sufren las personas refugiadas cuando necesitan hacer uso de una identificación.”

Senaló además que “el nuevo marco legal va en concordancia con lo que ya se plantea este momento en el proyecto de Ley de Movilidad Humana y garantizará la permanencia de la prestación de servicios que con el gobierno de la Revolución Ciudadana ya se han venido dando a las personas en situación de movilidad”.

Este proyecto fue tratado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.

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