Proyectos para evitar la discriminación y violencia contra la mujer en la vida política se analizan en mesa de Justicia

Las asambleístas Gabriela Larreátegui y Ana Belén Marín acudieron a la sesión 132 de la Comisión de Justicia, a fin de sustentar sus proyectos de Ley Orgánica contra Toda Forma de Discriminación; y para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, respectivamente. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Luchar por la igualdad

Gabriela Larreátegui señaló que su proyecto de Ley Orgánica contra Toda Forma de Discriminación trata de contribuir a alcanzar un sociedad más justa, en armonía con la Constitución y los instrumentos internacionales, consolidando prácticas de igualdad de oportunidades y trato, prevención y protección en contra de conductas que sean o puedan considerarse discriminatorias.

Comentó que en el ámbito laboral, público o privado, se prohibe limitar la libre elección de empleo; establecer diferencias de remuneraciones; limitar el acceso a programas de capacitación; establecer restricciones por afiliaciones políticas; exigir presentación de exámenes médicos (salvo que la naturaleza del trabajo lo demande); exigir información sobre orientaciones religiosas, políticas, y sexuales; limitar el acceso al empleo de la persona adulta mayor.

En el ámbito educativo, promueve que no se impida el acceso a educación y becas, a causa de diversa procedencia cultural; establecer contenidos en cualquier herramienta de aprendizaje que promulguen desigualdad, o inculquen doctrinas políticas o religiosas; exigir la presentación de documentos que certifiquen el estado civil de los progenitores; negar el acceso a la educación a causa de embarazo, maternidad o paternidad, orientación sexual o identidad de género; impedir el derecho a la educación indígena y en lengua materna a los pueblos originarios del Ecuador.

En el área de salud, habló de prohibir que se impida el acceso a la salud a causa de diversa procedencia cultural; impedir la participación del paciente en decisiones sobre su tratamiento; impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios; establecer restricciones o cargos adicionales para la contratación de seguros médicos privados, cuando las fundamenten en el estado de salud actual, historia clínica, edad, discapacidad o cualquier otra característica física o psicológica; limitar la información científica relacionada con derechos sexuales y reproductivos; obligar a una persona a someterse a una tratamiento médico y/o psicológico con el fin de alterar su orientación sexual.

Además, Larreátegui señaló que todo acto de discriminación podrá ser denunciado siguiendo los procedimientos contemplados en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Temas profundos

Los comisionados resaltaron el contenido y alcances de la propuesta. Así, Rodrigo Collaguazo señaló que la discriminación es un problema estructural y que debe ser cortado de raiz, a fin de garantizar igualdad, equidad y justicia.

Mientras, el legislador Henry Cucalón ponderó los conceptos de igualdad de oportunidades y la acción afirmativa, que permitirán ampliar e instrumentalizar la norma constitucional. Mencionó que en muchos países hay personas de 80 años trabajando en restaurantes y locales comerciales, experiencias que se deben recoger.

Es necesario, justamente, profundizar el análisis sobre las condiciones laborales de las mujeres, opinó Franklin Samaniego. A su vez, Carlos Ortega pidió tomar en cuenta el rol del Consejo Nacional de Igualdad. Todo lo que apueste por la igualdad es loable, aseguró Héctor Muñoz.

Reinvindicación de derechos

Entre tanto, la parlamentaria Ana Belén Marín aseguró que su proyecto para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política es una herramienta clave para reivindicar los derechos del sector femenino y ha sido construida para asegurar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Se enmarca, continuó, en la línea de una participación en forma paritaria, en condiciones de igualdad en todos los espacios, mediante la implementación de mecanismos que permitan el ejercicio de tales derechos, sin presiones o amenazas, un actuar con transparencia a favor de los ciudadanos, cumpliendo las directrices de la Constitución y tratados internacionales.

Propuso que las mujeres intervengan de forma paritaria en la formulación de las políticas gubernamentales y su ejecución; ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la vida pública del país, incluyendo a organizaciones políticas; ser libres en toda forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos; vivir libre de patrones esteriotipados de comportamiento y de prácticas políticas, sociales y culturales basadas, en conceptos de inferioridad o subordinación.

Marín convocó a un Acuerdo Nacional para desterrar el acoso, la violencia política y toda manifestación de violencia en contra de la mujer ecuatoriana. Insistió que los medios de comunicación deberían fijar protocolos para evitar toda expresión que irrespete la reputación de los ciudadanos y que se apliquen campañas de sensibilización sobre actos de acoso.

Por último, la asambleísta Rosa Orellana, vocal de la Comisión de Justicia, alertó que durante la pandemia se han incrementado los niveles de violencia y femicidios, sin que se apliquen acciones urgentes de atención. Opinó que los proyectos son coherentes con la realidad que viven a diario la mujeres respecto del delito de acoso.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL