Nuevas sugerencias de sectores productivos y sociales para incorporar al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario

La Comisión de Desarrollo Económico recibió esta tarde a catedráticos y representantes del sector productivo del país para abordar el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica.

Carlos de Tomaso, catedrático universitario, realizó un análisis jurídico de la norma. En cuanto a la contribución voluntaria a las empresas y personas, sostuvo que se rompe el principio de equidad, ya que supone que las personas están en situaciones similares, con capacidad económica pareja, para soportar una carga tributaria. Añadió que para el profesional autónomo la contribución le implicaría “un doble peso” en su presupuesto.

Carlos Vallejo, representante del sector florícola del cantón Pedro Moncayo, indicó que más de 3500 trabajadores han sido despedidos de fincas florícolas, aduciendo la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Las personas separadas de sus puestos de trabajo fueron las de mayor antigüedad laboral, quienes estaban cerca de recibir la jubilación patronal, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad o enfermedades catastróficas.

Su propuesta es un artículo interpretativo al 169 numeral 6 del Código de Trabajo, en dónde se entenderá que la causal de caso fortuito o fuerza mayor procede únicamente cuando se imposibilite definitivamente la continuación de un contrato laboral y conlleve la liquidación definitiva del negocio o a la actividad económica.

Medicina y seguros

Pablo Albuja, representante de empresas de medicina prepagada y seguros médicos, hizo un análisis de la situación que atraviesa el sector, pidió que no se considere el artículo 10 propuesto por el Ejecutivo porque esto terminaría con la liquidez de estas empresas. Acotó que ellos ya realizan una contribución al manejo de la crisis sanitaria, con la cobertura del Covid-19, no estipulado en los contratos, ni en las primas. Señaló que la ley sectorial ya estipula en su artículo 31 una protección para las personas que tengan problemas de pago, el aumentar este plazo, pone en serio riesgo la cadena de pagos y laboral del sector.

José Alvear y Esteban Prexl, representantes de aseguradoras médicas, se unieron a la solicitud de Pablo Albuja, también argumentaron que miles de personas que trabajan en este sector se quedarían sin empleo.

Sector productivo

Caterina Costa, del Comité Empresarial Ecuatoriano, hizo un análisis de la norma y presentó varias observaciones. La reducción del 10 % en los sueldos de quienes ganan más de 1000 dólares en la Función Ejecutiva es insuficiente, puesto que desde 2007 hasta el 2019 la masa salarial del Estado creció el 240 %. Sobre las facilidades de pago a la seguridad social, expresó que no debe discriminarse entre la micro, pequeña, mediana o grande empresa. La medida solo beneficia a quienes aportan al IESS el 13 % y excluye a la mediana y grande empresa que aportan el 87 %, opinó.

Pablo Zambrano, presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, sostuvo que el promedio general de carga tributaria para las empresas es del 38 %. Destacó que estas instituciones son fuentes generadoras de empleo, inversiones, y pago de impuestos, por lo tanto, deben ser sostenibles en el tiempo. Señaló que estas contribuciones irán al Presupuesto General del Estado y no al fondo que se pretende establecer.

En referencia a los aspectos laborales, manifestó que los acuerdos deberán ser suscritos de forma individual con cada trabajador y tendrán efecto obligatorio sobre sus suscriptores. Los empleadores deberán presentar, de forma clara y completa, la justificación de la necesidad de suscribir los acuerdos para que el trabajador pueda tomar una decisión informada. También presentó observaciones al contrato emergente y a la jornada reducida.

Felipe Ribadeneira, presidente de Fedexport, sostuvo que este tributo acelera la iliquidez de las empresas, compromete la sostenibilidad de plazas de empleo, cadena de pagos y supervivencia de las empresas. Además, resaltó que los recargos al sector exportador por la Ley de Simplificación Tributaria fueron de 70 millones de dólares y con esta nueva ley sería de 100 millones. Mencionó que en el caso de que la Asamblea decida implementar este impuesto debería excluir a las empresas exportadoras con reducción mayor al 50 % de sus ventas en el mes de abril.

Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, señaló que se debe cuidar la liquidez de las empresas, eso permitiría sostener las plazas de empleo formal, fortalecer el aparato productivo y generar divisas para la economía. De su parte, José Antonio Camposano, representante del sector camaronero, mencionó que las exportaciones a China, Europa y Estados Unidos cayeron por la pandemia. Puntualizó que, en marzo el país dejó de percibir, por exportaciones camaroneras, 70 millones.

Pablo Arosemena, representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil, manifestó que el 80 % de las empresas en el país están paralizadas. Puntualizó que con la recaudación que pretenden con el proyecto de Ley (1400 millones de dólares) no se solucionará el hueco fiscal, ni el problema sanitario del país. Su propuesta es pausar impuestos transversalmente, liberalizar relaciones internacionales y abrir de inmediato el comercio cerrado a través de ventas con entrega a domicilio.

Francesco Tabacchi y Francisco Chiriboga, representantes del sector agrícola y ganadero, indicaron que pese a la crisis se ha garantizado el abastecimiento de alimentos, pidieron inyectar mayor liquidez a estas ramas de la producción. Así también apoyaron el acuerdo entre las partes para que no se pierdan los empleos y las empresas no cierren.

Patricio Alarcón, de la Cámara del Comercio de Quito, enfatizó que esta ley no ayudará a resolver el problema económico del país. Señaló que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario no incorpora mecanismos importantes para la reactivación económica y por el contrario únicamente está orientado a extraer más recursos al sector privado. Destacó que las contribuciones a personas naturales son retroactivas, inconstitucionales y confiscatorias, los sectores más afectados son las personas naturales, empresas y extranjeros, por lo tanto, debe eliminarse la contribución.

Turismo

Javier Díaz, representante de las Cámaras de Transporte Turístico, solicitó la intervención de la Superintendencia de Bancos, en calidad de mediador, para que existan acuerdos en la moratoria para la cancelación de créditos y renegociación, así como concesión de préstamos con un año de gracia para las compañías de transporte turístico. Indicó que este sector se ha visto seriamente afectado por la presencia de la pandemia y si la situación continúa así, cerca de 4000 personas se quedarían sin trabajo.

Biess

Vinicio Troncoso, gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señaló que su liquidez es de 388 millones de dólares. Anotó que si se difieren los aportes patronales y se suspende el pago de las cuotas de los créditos no se podrían pagar las pensiones jubilares y los costos de salud de la Seguridad Social. Respecto a la reducción de la planta administrativa sostuvo que al iniciar su gestión era 687 empleados y hoy son 530.

Mañana, la Comisión tiene previsto continuar con las comparecencias, para tal efecto se reunirán a las 07h30.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL