14 abril 2020

Instituciones públicas y privadas aportan a reformas al Código de Niñez y Adolescencia…

Treinta artículos fueron analizados en la Comisión Ocasional de la Niñez, en el marco del estudio de la justicia especializada para adolescentes. Los parlamentarios revisaron el juzgamiento de las infracciones, la acción y sujetos procesales, etapas de juzgamiento, formas de terminación anticipada del proceso; y, audiencia de evaluación y preparación del juicio.

En la sesión virtual participaron 33 personas, entre ellas, representantes de la Defensoría Pública, del Consejo de Igualdad Intergeneracional, del Sistema de Administración de Justicia, de la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez (Cocasen), quienes dieron observaciones al documento borrador del Libro II del Sistema de Responsabilidad Penal.

Asambleístas y comparecientes creen que en caso de los adolescentes se debe aplicar procedimientos especiales que tomen en cuenta la justicia restaurativa, orientada a la concienciación del daño causado a la víctima, sin que ello conlleve que el adolescente tenga que ir a procedimientos judiciales o castigos, sino a programas socioeducativos. Se destacó la necesidad de jueces y fiscales especializados de responsabilidad penal de adolescentes.

Los comisionados determinaron que a las 10 causas de excusa y recusación de los jueces especializados que constan en el Código Integral Penal se agregue el dar consejos que constituyan algún tipo de coerción contra la o el adolescente, o que induzcan a la víctima a tomar decisiones contrarias a los objetivos restaurativos del proceso; manifestar su opinión sobre la causa salvo que actúe como conciliador; y no sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley.

Los parlamentarios analizaron en qué casos los fiscales especializados deben excusarse ante el fiscal superior. Verónica Polit, representante del Consejo de Igualdad Intergeneracional, recordó que la mayoría de causas son sustanciadas por jueces de familia y no de adolescentes, es decir, desconocen la especialidad. Este tema quedó pendiente para elaborar un nuevo articulado.

Así mismo, señalaron que la víctima podrá denunciar los hechos al fiscal, participar en el proceso e interponer los recursos, cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses. Su participación en el proceso garantizará la determinación de los mecanismos de reparación integral del daño, con base en los principios de la justicia restaurativa, sea aquella directa o indirecta, material o inmaterial.

Sobre la audiencia para la conciliación entre las partes destacaron que el juez y el fiscal no podrán oponerse a la realización de la conciliación si existe expresa voluntad de la o el adolescente y de la víctima de hacerlo. Si una o más de las víctimas no aceptan la conciliación, continuará el enjuiciamiento y subsistirá su derecho a una reparación integral.

En cuanto a las etapas de juzgamiento, en la investigación previa e instrucción, consideraron que no debe exceder de cuatro meses en los delitos sancionados por el Código Integral Penal con pena privativa de libertad de hasta cinco años, ni de ocho meses en aquellos sancionados con pena superior a cinco años. El representante del Sistema de Administración de Justicia propuso que se rebaje a 45 días, sin embargo, tanto los comisionados como de la Defensoría Pública plantearon que se mantenga el tiempo establecido en el articulado, a efectos de garantizar el debido proceso para no limitar el derecho a la defensa.

Luis Altamirano, de la Defensoría Pública propuso que en caso de que no se respete los tiempos establecidos en las etapas de juzgamiento, se establezca una sanción grave a jueces o fiscales.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL

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