12 mayo 2020

Demandan respeto a la autonomía de la Seguridad Social y de los GAD

Que se respete la autonomía de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados, fue el criterio unánime de los comparecientes que acudieron, vía virtual, a la Comisión de Régimen Económico. De manera enfática pidieron que se corrija el texto enviado por el Ejecutivo y se respete el marco constitucional. Así mismo, demandaron que se evite que el Ministerio de Finanzas tenga superpoderes y se convierta en un ente controlador.

Edison Lima, en representación de la Asamblea de Organizaciones de Jubilados Adultos Mayores, enfatizó que el IESS, Issfa e Isspol no pueden ser consideradas como entidades del sector público. Suspender su autonomía pondría en riesgo las reservas de los afiliados para atención en salud y, a su vez, posibilitaría el uso de estos recursos por parte del Estado. Dijo que la Constitución en sus artículos 370, 371, 372, 292 establece un régimen especial para la seguridad social en cuanto a su autonomía administrativa y financiera.

Los comisionados también escucharon a la economista María Elsa Viteri, quien cuestionó el contenido del proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. A su criterio, no es el momento de tratar este proyecto como urgente económico, sino en un trámite ordinario con el tiempo suficiente para establecer cambios que permitan el ordenamiento de las reglas fiscales, establecer políticas públicas con acciones colectivas y solidarias para dinamizar y asegurar el empleo, tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos.

Dijo que a través del proyecto se implanta el poder del Ministerio de Finanzas y que la propuesta del Ejecutivo está orientada a cumplir los compromisos internacionales, además de que esta normativa secundaria viola los principios constitucionales que deben ser respetados en cuanto a la autonomía de la seguridad social.

Mientras que, el economista Pablo Lucio Paredes dijo que es necesario que entren recursos de multilaterales. Ecuador necesita alrededor de 10 mil millones de dólares para enfrentar la crisis económica y de salud por Covid-19, que deben venir de recursos tanto internos como de afuera.

Indicó que modificar el incremento actual de Presupuesto General del Estado hasta un 5 %, es razonable. Sobre el límite de la deuda al 40 %, mencionó que el Estado debe publicar la deuda como tal, más las obligaciones que tiene el Gobierno para generar transparencia. Precisó que las reglas fiscales son un poco laxas.

Paredes expresó que no está claro cómo se constituye el Fondo de Estabilización, por ello, considera que debe establecerse mecanismos objetivos para definir cuál es la referencia del precio del petróleo. En cuanto al Comité Nacional de Coordinación Fiscal planteó que debe haber la participación del sector privado en la toma de decisiones del país.

Sobre la posibilidad de contratar un seguro petrolero, señaló que es importante pero no fundamental en este momento. La seguridad social no puede ser considerada como parte del Estado porque tiene fines y objetivos distintos y se debe evitar volver al centralismo con superpoderes al Ministerio de Finanzas, convirtiéndose en un ente controlador, agregó.

La Comisión también recibió a los concejales del cantón Cuenca, Alfredo Aguilar, Paola Flores, Daniel García y Javier Barrera, quienes defendieron la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados que por mandato de la Constitución y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía de Descentralización (Cootad), les corresponde.

Alfredo Aguilar recordó que los GAD tienen su propia planificación y presupuesto acorde al Plan Nacional de Desarrollo, de allí que pretender que el Ministerio de Finanzas se encargue de la planificación, es improcedente y violaría la autonomía de los gobiernos seccionales.

Por su parte, Javier Barrera, indicó que el Ministerio de Finanzas no puede ser juez y parte en las reglas fiscales. Las sanciones a los GAD son competencia de la Contraloría, por ello, pidió que se revise dentro de las reglas fiscales la posible entrega de funciones a la Cartera de Finanzas porque le corresponde a la Fiscalía determinar indicios de responsabilidad penal y a la Contraloría aplicar sanciones administrativas.

El presidente de la Comisión, Daniel Mendoza, indicó que los planteamientos de los sectores vinculados con la normativa serán tomados en cuenta a efecto de que no se viole el mandato constitucional sobre las autonomías de la seguridad social y de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Nuevas comparecencias

Para el jueves 07 de mayo, a partir de las 09h00, la Comisión recibió, vía online, a representantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, de la Contraloría General del Estado y del Movimiento Nacional de Pensionistas.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL

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