Comisión de Participación Ciudadana analiza situación de personas privadas de libertad por emergencia sanitaria.

La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social recibió, de manera virtual, a Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo y a Gina Gómez de la Torre, miembros del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha, quienes abordaron las normas y estándares internacionales de derechos humanos aplicables a las personas privadas de la libertad en el contexto del Covid-19.

De la Vega hizo referencia a la normativa internacional sobre el respeto a los derechos humanos de quienes han perdido su libertad. Así también señaló que los Estados, de manera prioritaria, deben evaluar la posibilidad de otorgar medidas sustitutivas: indultos, libertad condicional, arresto domiciliario, libertad anticipada, o cualquier otro régimen que no implique reclusión.

En su intervención dijo, además, que es imprescindible dar prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19, en ese sentido, citó a las personas mayores, con enfermedades crónicas, con discapacidad, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.

Surgimiento del brote

Pablo de la Vega también puntualizó que las condiciones de los privados de la libertad, tales como el hacinamiento, la falta de higiene, las deficiencias en acceso a los servicios de salud y la mala alimentación vulneran los derechos de las personas y, además, constituyen factores de alto riesgo para el surgimiento del brote de la enfermedad. Mencionó que los tratamientos médicos deben estar disponibles para todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

Observatorio de Género

Gina Gómez de la Torre señaló que los tratados internacionales son suficientes para la protección de derechos humanos y, en tal sentido, deben ser aplicados de forma inmediata. Al mismo tiempo, recordó que el Estado ecuatoriano tiene un marco legal sobre la protección, sin embargo, falta decisión y voluntad para su cumplimiento.

“Nuestra preocupación como Observatorio de Género es la situación de las mujeres que están encarceladas en el Ecuador (…) buena parte se encuentran en prisión por delitos vinculados a la pobreza (…) si tuvieran una alternativa de empleo no delinquiesen de esa manera”, expuso.

La petición que realizan como Observatorio de Género es que se le otorgue libertad a las mujeres que están con sus hijos en las cárceles, a quienes son de la tercera edad, o tienen enfermedades catastróficas y crónicas, y a quienes estén condenadas por delitos cuyas penas sean inferiores a los cinco años.

Resolución

Tanto los legisladores Eliseo Azuero, como Ronny Aleaga solicitaron elaborar un proyecto de resolución en el que se conmine a las autoridades competentes a atender de inmediato a la población carcelaria. Así también, se propuso la liberación de las personas privadas de libertad que no constituyan un peligro para la sociedad, destacaron que la población carcelaria corre un riesgo inminente ante la presencia del Covid-19.

El presidente de la Comisión, Raúl Tello, comentó que en la resolución que será aprobada mañana también se exigirá el cumplimiento de las normas constitucionales y los tratados internacionales respecto a las personas privadas de la libertad, así como establecer atención prioritaria por temas de género.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL