Asamblea Nacional

Quito, diciembre 15 de 2015 Boletín 5131

Comisión de Salud recibirá testimonio de usuaria afectada en trámite de seguro médico

En el proceso de socialización del proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, que lleva adelante la Comisión del Derecho a la Salud, este miércoles 16 de diciembre a partir de las 10:00 recibirá el testimonio de una usuaria de seguro médico privado.

Se trata de María Gabriela Aguinaga, quien supuestamente ha sido afectada por un caso de discriminación por parte de un seguro médico privado y ha solicitado protección a la Defensoría del Pueblo.

Sobre el tema, varios seguros médicos discriminarían a adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Existe un vacío sobre la autoridad controladora.

En primer término y respondiendo a la convocatoria a la sesión No. 183, efectuada por el titular de la Mesa Legislativa, William Garzón, los legisladores también recibirán al doctor Marcelo Aguilar, coordinador de la Unidad de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, quien expondrá sus criterios respecto al proyecto en referencia.

En los actuales momentos, el organismo legislativo se encuentra en la fase de recopilación de observaciones técnicas por parte de la academia, previa la elaboración del informe para primer debate.

Para pulir una nueva normativa, los legisladores han convocado a académicos, representantes de las asociaciones de aseguradoras de servicios de salud, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, comités de usuarios y profesionales del ramo,

La iniciativa fue presentada por la asambleísta Pamela Falconi, en marzo del año pasado.

RSA/pv

Quito, 15 de diciembre del 2015 Boletín 5134

El segundo debate de proyecto de Ley de Tierras será el jueves

El próximo jueves, 17 de diciembre, desde las 09:30, el Pleno de la Asamblea tratará en segundo debate el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Según el informe que presentó la Comisión de Soberanía Alimentaria, esta norma, entre otras cosas, busca normar el uso y acceso a la tierra rural; la redistribución de la misma como factor de producción; garantizar la soberanía alimentaria; y, propiciar un ambiente sustentable.

Para lograr esos objetivos, en el Capítulo I, sobre los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural, se establece que el Estado implementará políticas redistributivas que garanticen el derecho a acceder a la tierra con fines productivos, a las personas que formen parten de organizaciones campesinas sin tierra o de economía popular y solidaria dedicadas a actividades agrarias, con poca tierra o con tierra de baja calidad. Dice que también tendrán derecho al acceso quienes estén en posesión agraria.

Según el informe, la Autoridad Agraria Nacional (ministerio del ramo) será la instancia rectora, coordinadora y reguladora de las políticas públicas en materia de tierras rurales. Este ente tendrá que elaborar el Plan Nacional Agropecuario; afectar, declarar de utilidad pública o de interés social y expropiar tierras rurales de dominio privado, que no cumplan con la función social y ambiental, según lo previsto en la ley; y, adjudicar a título gratuito y perpetuidad tierras y territorios en posesión ancestral de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatoriano y montubios, entre otras funciones.

Esta autoridad, de manera prioritaria, transferirá a las familias campesinas en situación de pobreza extrema que habiten en zonas rurales más deprimidas, extensiones de tierra productiva no inferiores a una Unidad Productiva Familiar (UPF), para promover la producción agraria, señala el informe.

Según el proyecto, se prohíbe la concentración de tierras rurales. A esta se la entiende como el dominio o posesión legal de tierras rurales aptas para la producción agraria, siempre que la Autoridad Agraria compruebe que el acaparamiento tenga como fin desarrollar esquemas de dominio o abuso de poder del mercado; especulación; consolidar monopolios u oligopolios privados; y, atentar contra la soberanía alimentaria.

En tanto, la declaratoria de expropiación la realizará la Autoridad Agraria Nacional. Se ejecuta, entre otros motivos, cuando el predio no cumple con la función social y ambiental; cuando se hayan mantenido ineficientemente explotadas durante los últimos 12 meses, a partir de la notificación y a pesar de disponer de aptitudes apropiadas e infraestructura para la producción agraria; y, cuando existe concentración en términos y condiciones de la ley.

En cuanto al latifundio, el cuerpo legal lo define al latifundio como la propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada, de propiedad de una persona natural o jurídica que sobrepase los máximos de superficie definidos por la Autoridad Agraria, de acuerdo con la zonificación productiva del país, a la infraestructura disponible y al tipo de cultivo.

Se determina que las empresas públicas extranjeras no podrán adquirir, arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en territorio nacional para proyectos de producción agraria. Así mismo, queda prohibida la transferencia de la propiedad de tierras rurales en favor de personas naturales o jurídicas extranjeras en una franja de 20 kilómetros paralela a las líneas de frontera y zona marino costera. Tampoco podrán adquirir en áreas de seguridad ni áreas protegidas.

También establece las reglas para la titulación de tierras rurales. Indica que las personas naturales o jurídicas de la agricultura familiar campesina deberán declarar que no han sido adjudicatarios de tierras del Estado, que asumirán la responsabilidad del manejo productivo, haber estado en posesión agraria por al menos cinco años y el compromiso de pagar el valor de la misma.

De acuerdo con el documento, el Estado, en coordinación con las entidades del sistema financiero público, promoverá la generación de productos financieros, líneas de crédito preferenciales, subsidio de tasas de interés y otros similares para estimular la producción agropecuaria y mejorar la productividad. Estos financiamientos se orientarán preferentemente a pequeños y medianos productores agrícolas, mujeres rurales trabajadoras de la agricultura familiar campesina, así como de la economía popular y solidaria.

En cuanto a los derechos colectivos, el cuerpo jurídico dice que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades gozarán de los derechos para conservar la propiedad imprescriptible, inalienable, inembargable e indivisible de sus tierras comunitarias. De igual manera mantener la posesión de tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita, de conservar el hábitat y participar en el uso, usufructo, administración sustentable y conservación de los recursos naturales renovables que se hallan en sus tierras; no ser desplazados de sus tierras ancestrales y conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social.

LM/pv

Quito, 15 de diciembre del 2015 Boletín 5136

Asamblea condena posesión de armas nucleares: pide su eliminación y proliferación

La Asamblea Nacional resolvió condenar el hecho de que los estados poseedores de armas nucleares, como Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y otros que se encuentran en proceso de poseerlas, así como en costosos programas de modernización se vayan en contra del tratado sobre la No Proliferación Nuclear (TNP). Según el texto eso amenaza con polarizar aún más a los estados poseedores y a los no poseedores de armas nucleares.

La propuesta, de iniciativa de la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, recibió el respaldo de 82 legisladores de 106 presentes. Este no ha sido un tema fundamental en los medios de comunicación, pero sí debería ser en la conciencia de quienes tenemos algún tipo de decisión. En el mundo hay entre 15 y 20 armas nucleares y el control de la gobernanza mundial está en manos de los que las poseen. En este momento de enorme peligro debería ser también de enorme preocupación, enfatizó la proponente.

El respaldo de los legisladores que intervinieron en el debate fue unánime. Con estos hechos lo que estamos haciendo son acciones de prevención de, por ejemplo, condiciones climáticas que se generan con el uso de estos artefactos; de la reducción de la luz, de la reducción de la producción mundial. Esa es la oportunidad que tenemos, agregó Betty Carrillo. Pensar en una guerra nuclear es pensar en el tormento del mundo entero, en la destrucción de la humanidad. De lo que deberíamos hablar es sobre la disuasión y de la no proliferación de las armas nucleares, agregó René Yandún.

La resolución también recuerda que todas las partes firmantes del tratado sobre la NTP tienen una responsabilidad moral y legal de seguir líneas de acción que protejan a los pueblos de los peligros de las armas nucleares a través de su prohibición y eliminación. También acogió con beneplácito la aprobación de la Asamblea General de las NN UU de la resolución que “exhorta a todos los estados a que identifiquen y apliquen medidas efectivas para colmar el vacío jurídico respecto de la prohibición y la eliminación de las armas nucleares y cooperen con todas las partes interesadas para lograr este objetivo”.

Así mismo, reconoció la resolución que estableció un “grupo de trabajo de composición abierta que se encargue de abordar de manera sustantiva la cuestión de las medidas, disposiciones y normas jurídicas eficaces y concretas, que será necesario adoptar para mantener un mudo sin armas nucleares”.

La Asamblea hace un llamado al gobierno ecuatoriano para que tome todas las medidas posibles para que el grupo de trabajo de composición abierta llegue a conclusiones que aterricen a un comienzo de negociaciones sobre un tratado para la prohibición y la eliminación de las armas nucleares. De igual manera, felicitó a los gobiernos de la CELAC por su fuerte compromiso con el desarme nuclear, sobre todo en su última declaración, de este año en Costa Rica, que ubicó a la Región en la vanguardia de esfuerzos mundiales para lograr un tratado que prohíba a las armas nucleares.

Por último exhortó a la CELAC para que en su próxima cumbre en Ecuador, a finales de enero, avance para crear un tratado sobre la prohibición y la eliminación de las armas nucleares y ofrezca un lugar conveniente de la Región para hospedar las futuras negociaciones de tal tratado.

La humanidad tiene en este momento sobre su cabeza un peligro inminente. Toda la cadena norte Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra poseen armas nucleares. El problema es que cuando se dé un enfrentamiento no vamos a quedar nadie para hablar. Nuestra región es la más indefensa de la tierra, eso significa que seremos receptores de esta gran debacle que puede suceder, aseveró el parlamentario José Torres.

LM/pv

Quito, 15 de diciembre de 2015 Boletín 5138

Comisión Legislativa continúa tratamiento de reformas al Código de Trabajo

Este miércoles 16 de diciembre, a partir de las 10:00, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores continuará el tratamiento del proyecto de reformas al Código del Trabajo. La normativa fue presentada por la legisladora Cristina Reyes y guarda relación con el pago de las pensiones de jubilación patronal.

Para dicho efecto ha invitado al doctor Leonardo Berrezueta Carrión, ministro de Trabajo, o su delegado, quien presentará sus criterios y observaciones.

La propuesta establece que la pensión mensual de jubilación patronal en ningún caso será menor al salario básico unificado medio del último año o a la remuneración mínima sectorial que consta en las tablas salariales que aprueba anualmente el Ministerio del ramo.

En días anteriores, la comisión recibió por parte de su proponente, Cristina Reyes, los argumentos y alcances de esta normativa. También conoció los puntos de vista de parte de los representantes de los jubilados.

Ellos se refirieron principalmente a la falta de recursos de los jubilados para satisfacer sus necesidades básicas, lo que tiene consecuencias económicas y sociales muy preocupantes. El tema de la jubilación patronal es un caso que sale del ámbito de la ley y se ha convertido en problema social que requiere ser superado, manifestaron.

Trabajadores de Sucumbíos

Como segundo punto del orden del día, los asambleístas analizarán la solicitud del asambleísta Ángel Rivero Doguer, representante de la provincia del Guayas, quien propuso la conformación de una subcomisión para que se traslade a la provincia de Sucumbíos, con la finalidad de reunirse con los trabajadores y empleadores en conflicto y buscar una solución al pago de las indemnizaciones a que tienen derecho.

RSA/pv