La prevención del desperdicio de alimentos se trata en un proyecto de ley

En el afán de obtener lineamientos para construir un cuerpo legal adaptado a las realidades y necesidades del Ecuador, la Comisión del Derecho a la Salud, de manera virtual, realizó el conversatorio “El derecho como herramienta para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA): La experiencia en América Latina”.

En este encuentro se expuso cómo la pérdida y el desperdicio de alimentos afecta al derecho de la alimentación adecuada, a la vida digna y a la salud. Se dijo que el punto de partida debe ser la donación de alimentos para la redistribución de excedentes, sobre todo, a personas en situación de vulnerabilidad alimenticia; que su regulación avance hacia la prevención y reducción de pérdida de alimentos; y, analizar el sistema alimentario en su conjunto.

También de cómo evitar la pérdida en cada una de las cadenas alimentarias, la importancia de la información e investigación para mejorar los procesos, los impactos de los desperdicios, la reducción de disponibilidad de alimentos saludables, entre otros. Se habló de beneficios para la seguridad alimentaria, como el aumento de la productividad, el trabajo mancomunado y apoyo público y privado.

Johana Flores, oficial del Programa de la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Ecuador (FAO), informó que en América Latina se pierde aproximadamente el 20 %, que equivale a 215 millones de toneladas de alimentos al año. En nuestro país, tras un proceso de diagnóstico, la pérdida de alimentos se estima en más de 900 toneladas, que representó pérdidas económicas que ascendieron a 334 millones de dólares al año, que equivale al 6 % del Valor Agregado Bruto, en el 2017.

Expuso la necesidad de reconstruir los sistemas alimentarios, tras el paso de la Covid-19 por el mundo, y recordó que la entidad ofrecerá el apoyo técnico para la elaboración de las normas relacionadas con la reducción del desperdicio de alimentos. Informó que antes de la pandemia en la región ya habían aproximadamente 48 millones de personas sufriendo hambre. Para el 2030 se estima que la situación continúe hasta llegar a 67 millones de personas en condición de hambre.

Ante este escenario Flores advirtió la clara la importancia de prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, tras enfatizar que en Ecuador, con la cantidad de alimentos perdidos, se podrían alimentar aproximadamente millón y medio de personas.

Sara Granados, oficial regional de la FAO para América Latina y el Caribe, subrayó que la región tiene la dieta saludable más costosa, de 4 dólares diarios, lo que tiene enormes efectos, tanto en la nutrición como en el funcionamiento del sistema alimentario y la pandemia sumará a más número de personas con hambre.

Explicó que las causas para el desperdicio de alimentos van, desde la falta de infraestructura para almacenamiento y refrigeración hasta la poca planificación y raciones exageradas, produce un alto costo económico y ambiental. Aseguró que del 14 % de alimentos que se pierden, América Latina contribuye con un volumen del 12 % y tiene un impacto económico del 20 %, que equivale a aproximadamente 150 mil millones de dólares.

De su lado, Manuela Cuvi, oficial jurista del Derecho para el Desarrollo de la FAO en Ecuador, recomendó procurar que las medidas legislativas sean lo más integrales posibles, tengan en cuenta todos los elementos del sistema alimentario, en donde se hable al menos de cuatro categorías: la institucionalidad; su rol; medidas dirigidas a los comerciantes; reforzar los aspectos técnicos de los procesos de producción y comercialización; y, cómo adoptar medidas que aproximen a los distintos entes del sistema.

En términos de derecho comparado, dijo que son siete los países que tienen legislación y el marco mínimo de regulación es el que se refiere a donación de alimentos. Las primeras leyes que son desde el 2005, son las que tratan de abordar la donación de alimentos, es decir, como redistribuir esos excedentes que están disponibles y que puedan llegar a las personas que se encuentran en una situación del vulnerabilidad alimentaria.

Indicó que en el 2018, Argentina, Perú y Colombia desarrollaron legislación más amplia: de reducción, de pérdida y desperdicio de alimentos que van más allá de regular la donación de alimentos y que procuran mirar el sistema alimentario en su conjunto. Sostuvo que la pérdida de alimentos afecta la disponibilidad, la accesibilidad y sostenibilidad.

El subsecretario de Producción Agrícola, Andrés Luque, explicó que actualmente están trabajando en un modelo para la creación del Comité Nacional de Gestión de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos alineados a la gobernanza, investigación tecnología y conocimiento; e, inducción y comunicación.

William Garzón, presidente de la Comisión, dijo que la pérdida y desperdicio de alimentos es una problemática que se debe abordar con total responsabilidad, teniendo al ser humano como el centro de la legislación y pensando en el bienestar de la ciudadanía.

Dallayna Passailaigue expuso que se trata de aportar para solucionar la problemática del desperdicio de alimentos en toda la cadena agroalimentaria. Considera que una ley es solo un punto de partida y con los insumos emitidos, el proyecto se fortalecerá y se convertirá en una poderosa ley que modificará comportamientos, para lo cual es necesario que se incorpore una política integral.

La sesión de trabajo se desarrolló en el marco de la construcción del informe para primer debate de los proyectos de Ley para evitar el desperdicio de alimentos; y, para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables, de iniciativa de las asambleístas Karina Arteaga; y Dallyana Passailaigue, respectivamente.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL