La Comisión de Fiscalización convocará al ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, y al director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, para que informen sobre el pago de utilidades a favor de los trabajadores de Coazucar.

Luego de recibir a dirigentes de los trabajadores de la Corporación Azucarera Ecuatoriana S.A. (Coazucar), con sede en La Troncal, la Comisión de Fiscalización y Control Político decidió convocar al ministro del Trabajo, Raúl Ledesma Huerta, y al director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, para que informen respecto al pago de las utilidades a los obreros de este sector en los últimos años.

Según Kléver Baque, representante del sector obrero de dicha empresa, pese a que hay mayor producción de azúcar, sin que Coazucar haya realizado inversión alguna, las utilidades han decrecido, en perjuicio de los intereses de los trabajadores.

Baque planteó, además, solicitar a Contraloría declare la nulidad de la venta del ingenio al grupo Gloria, efectuado en 2011, por cuanto hubo serias irregularidades en el proceso, también en perjuicio de los trabajadores, quienes no han podido acceder al 30 % de las acciones, como se ofreció, porque la valoración actual de la empresa supera los 400 millones de dólares. Esto demandaría una inversión de 120 millones de dólares para adquirir ese 30 % del paquete accionario.

Pago de utilidades

La presidenta del organismo, María José Carrión, subrayó que el tema de la venta de la empresa EQ2, antes Aztra, no sería susceptible de investigación por parte de la comisión, porque, pese a haber sido incautada al Grupo Isaías, sigue siendo una negociación privada. Sin embargo, lo relacionado con el pago de utilidades sí se le podría realizar un seguimiento, por un lado, con el Ministerio del Trabajo, por el cumplimiento de la normativa pertinente y, con el Servicio de Rentas Internas (SRI), en lo relativo a las declaraciones de impuestos en los años 2013 a 2016.

Reiteró el compromiso de la Comisión de Fiscalización por apoyar al sector obrero en sus legítimas demandas.

Quito Cables

Igualmente, la comisión recibió a los representantes de los barrios que serían afectados por la construcción del proyecto Quito Cables. Lothar Ranft pidió que se tomen acciones para suspender esta obra, cuyo costo supera los 44 millones de dólares y de ninguna manera solucionaría los problemas de movilidad de los barrios del noroccidente de Quito. “Todo el proyecto se basa en mentiras”, dijo, al indicar que estudios reales en torno al proyecto demuestran que solo serían 11 y no 41 barrios los beneficiarios y no 200 mil personas, sino únicamente 15 mil personas.

Insistió en que hay otras alternativas más seguras que ayudarían a la movilidad de estos barrios de Quito, con un costo que no superaría los 17 millones de dólares. Por ello se hace necesario que las instancias públicas, entre ellas la Asamblea, investiguen este tema y se dé con los responsables de impulsar un proyecto que, a más de caro, pondría en riesgo al 90 % de casas, escuelas, colegios y demás construcciones sobre las cuales pasaría la línea de Quito Cables.

María José Carrión subrayó que este tema, el Metro para Quito y los abusos de autoridad de los policías metropolitanos en contra de los trabajadores autónomos, serán materia de análisis de la Comisión de Fiscalización y que continuará los procesos que ha presentado para que se investigue la relación de los contratos municipales con el caso Odebrecht.

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