Justicia aprueba informe sobre veto a reforma penal en materia Anticorrupción

Con 11 votos afirmativos de los presentes, en la sesión 145, la Comisión de Justicia aprobó el informe no vinculante de la objeción parcial del Ejecutivo al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, que contempla 20 observaciones.

Sin embargo, ante ciertas inquietudes de los parlamentarios Héctor Muñoz, Carlos Ortega, Elio Peña y Henry Cucalón respecto de los textos de peculado y la tipificación del delito de sobreprecio en contratación pública, el presidente de la mesa, José Serrano, dispuso que se convoque para este jueves, 04 de febrero, a partir de las 17h00, a la reinstalación de la sesión, a fin de profundizar su analisis y reconsideración, de ser el caso.

El organismo se pronunció por ratificarse en los articulos 9, 14, 18, 20, 22, la disposición transitoria única; y las disposiciones reformatorias segunda, quinta, sexta y décima. En tanto, recomienda allanarse en los artículos 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17; las disposiciones reformatorias tercera, décima primera y la disposición final única.

Objetivo central 

El objetivo central de este proyecto de Ley es el prevenir, combatir y fortalecer la lucha contra el fenómeno multidimensional de la corrupción en todo ámbito, ocurra esta o no en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción.

En tal sentido, la Función Legislativa busca dotar al país de un cuerpo legal efectivo y eficiente para enfrentar esta problemática y que la justicia cuente con herramientas legales suficientes, fortalecidas y aclopadas a la realidad en materia anticorrupción.

Organizaciones sociales

Previamente, la mesa recibió, en comisión general, a Sara Oviedo, coordinadora Nacional de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual (Cocasen) y exvicepresidenta del Comité del Niño de las Naciones Unidas; y Efigenia Witt Ortega, de la Fundación de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, quienes coincidieron que el veto tiene una mirada general de la corrupción y sus víctimas.

Sara Oviedo recordó que en la consulta de febrero de 2018, la ciudadanía se pronunció por la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y el abuso contra la niñez y adolescencia. La reforma al COIP en materia Anticorrupción es una oportunidad para viabilizar este mandato popular, expresó.

Efigenia Witt Ortega mencionó que la defensa del interés superior del niño, en cumplimiento de la norma constitucional, es imperativo en la legislación ecuatoriana. Expuso que entre 2015 – 2018 hubo 7070 denuncias de violencia sexual contra niños, niás y adolescentes en el sistema educativo, de las cuales llegaron a juicio solo el 16 %, es decir 1531, agregó.

Aseguró que en el ejercicio de cargos públicos y abusando del poder se cometen delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que es otra forma de corrupción, al citar el caso Guadalupe que se registró en Esmeraldas. Habló de la importancia de la norma que protege la identidad del denunciante y la obligación de denunciar.

Interés superior del niño

El legislador José Serrano, titular de la Comisión de Justicia, reafirmó el compromiso de velar, en todo instante, por el interés superior del niño y definir los beneficios inmateriales, como parte del tipo penal para el cometimiento de concusión y cohecho.

Destacó que es fundamental la presencia de las organizaciones sociales, entre ellas la Cocasen, en el Pleno de la Asamblea durante la resolución final de la objeción parcial, por lo que trasladará esta inquietud al Presidente del Legislativo.

A este criterio se sumaron los parlamentarios Carlos Ortega, Elio Pena y Rodrigo Collaguazo. Manifestaron que hay que precautelar siempre el interés de la niñez y que cualquier afectación a sus derechos no quede en la impunidad.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL