Johana Pesántez sustentó reformas penales en materia de lucha contra la corrupción

En la sesión 127 de la Comisión de Justicia, Johana Pesántez, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, argumentó los objetivos de los proyectos de reforma penal para sancionar delitos contra la eficiencia de la administración pública y de lucha anticorrupción, presentados en mayo y marzo de 2020, respectivamente.

Comentó que la propuesta anticorrupción pretende fortalecer la legislación penal existente con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, suscrita por el Ecuador en 2003 y ratificada en 2005, especialmente en lo que se refiere a penalización y aplicación de la ley.

Se busca, concretamente, incorporar el delito de obstrucción de justicia que está contenido, precisamente, en el artículo 25 de la Convención; se vuelve penalmente relevante el uso de la fuerza física, de amenazas, intimidación o el ofrecimiento de beneficios indebidos hacia otras personas.

Para tal efecto, se clarifica, en el derecho sustantivo, el hecho de impedir que se rinda un testimonio o una prueba e inducir a rendir un falso testimonio. Además, se incorpora el concepto de beneficio inmaterial, soborno activo y soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales.

También está la reforma al tráfico de influencias, que incluye conceptos de beneficio económico o inmaterial indebido y de personas con representación popular como agravantes constitutivas del tipo penal. Se pone de manifiesto el soborno en el sector privado, al igual que mecanismos y tiempos para una investigación compleja, expuso.

Contratación pública en emergencias

En cuanto a la reforma penal para sancionar delitos contra la administración pública, Johana Pesántez destacó que el proyecto se enfoca en articular el sistema de contratación pública, para la detección temprana de actos ilegales, mediante la prevención. Por tanto, se incluye un nuevo tipo penal y una medida cautelar específica, asimismo el delito de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales.

Respaldo

Los comisionados apoyaron esta clase de iniciativas. Así, el legislador Henry Cucalón reconoció la transcendencia de los temas de obstrucción de justicia, delito de cohecho, beneficio inmaterial y la mejora sobre el tráfico de influencias, que muchas veces está ligado a la clase política y el sector privado.

En la misma línea, el parlamentario Héctor Muñoz consideró que se debe dar respuesta clara y urgente a los compromisos que tiene el Estado ecuatoriano con Naciones Unidas. Mientras, el asambleísta Elio Peña mencionó que la prevención es sustancial en estos casos y que hay que poner atención en la situación de coimas y estandarización de precios en la contratación pública.

Endurecer sanciones

Posteriormente, la mesa receptó los argumentos del legislador Ramón Terán, en relación a su proyecto de reforma del COIP sobre delitos contra la eficiencia de la administración pública en estados de excepción o declaratoria de emergencia. Propuso duplicar las sanciones a los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, ruptura de sellos, tráfico de influencias, etc., con lo que se podrá disuadir a los funcionarios de cometer actos ilícitos en situaciones delicadas o de amenaza a la sociedad.

Temas de discusión

Por último, Óscar Obando, experto en Derecho Penal, opinó que las reformas penales en materia anticorrupción engloban el incremento de penas, nuevos tipos penales y cambios procesales o adjetivos. Invocó a reflexionar si la solución está en aumentar penas o más bien ejecutar, con eficiencia, las existentes en los códigos y el ordenamiento jurídico, tomando en cuenta el principio de lesividad y el hacinamiento carcelario.

El legislador José Serrano, presidente de la Comisión, ratificó el compromiso de poner en marcha herramientas legales efectivas para frenar la corrupción. Indicó que en las próximas horas estarían listos los informes borradores respecto a la Ley de Prevención del Contrabando y Anticorrupción, en la que se han unificado 11 proyectos.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL