Comisión trata sobre conflicto de interés, extinción de dominio y centros penitenciarios

Para continuar con el tratamiento de los proyectos relacionados con el conflicto de interés, lobby y regulación de intereses y relaciones públicas, la mesa de Participación Ciudadana y Control Social recibió en comisión general María Jaraquemada, experta chilena en materias anticorrupción, transparencia y gobierno abierto.

En su ponencia señaló que al lobby se lo asocia directamente con el término corrupción, por lo tanto, su regulación presenta dificultades. Sin embargo, indicó que este mecanismo cumple un rol importante en la toma de decisiones si se lo hace de forma transparente y correcta.

En tal sentido, dijo que el lobby debería ir acompañado de otras regulaciones como puerta giratoria entre el sector público y privado, normas de conflicto de interés, regulación del financiamiento de la política y regulación de la participación ciudadana en los procesos políticos.

Remarcó que el objetivo de la regulación debería ser transparentar la actividad de autoridades y privados que actúan en torno a decisiones públicas. Así mismo, sería factible una mayor rendición de cuentas, la igualdad de trato por parte de las autoridades, separar la gestión de intereses de actividades ilícitas como el tráfico de influencias y legitimar la actividad, además, fomentar la participación ciudadana en las actividades públicas de toma de decisiones.

A manera de conclusión remarcó que se debe socializar de manera apropiada del concepto de lobby, dijo que es fundamental tener definiciones claras de conceptos como gestión de interés, gestores de intereses y sus subtipos sin exclusiones, fiscalización autónoma del cumplimiento de la norma, entre otros aspectos.

Una vez culminado con este punto del orden del día, la Comisión trató sobre la objeción por inconstitucionalidad y parcial al proyecto de Ley de Extinción de Dominio enviado por el Ejecutivo y el problema suscitado en los centros penitenciarios del país.

Extinción de dominio

La Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional solicitó a la Comisión de Participación que remita un informe respecto de la objeción por inconstitucionalidad presentada por el Presidente de la República a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. En ese marco, la mesa técnica elaboró un informe que será remitido a los comisionados, a más tardar mañana.

El objetivo de dicho documento es que la Corte Constitucional conozca los argumentos que existen por parte de la mesa legislativa para señalar que la objeción por inconstitucionalidad del Primer Mandatario es infundada.

De acuerdo con el presidente de la Comisión, Raúl Tello, el informe será analizado mañana, a las 18h00, por los legisladores de la mesa y el viernes será remitido a la Coordinación Jurídica. El lunes próximo se vence el plazo que tiene la Presidencia de la Asamblea para remitir esta documentación a la Corte Constitucional.

Mientras que las objeciones parciales planteadas por el Ejecutivo serán tramitadas por los asambleístas de la Comisión, el viernes.

Centros penitenciarios

Los legisladores se refirieron a la crisis que atraviesan los centros penitenciarios, a propósito de las muertas suscitadas ayer en Latacunga, Guayaquil y Cuenca.

El titular de la Comisión, Raúl Tello, remarcó que hay inacción de quienes gobiernan el país y a pesar de que ya han ocurrido situaciones similares en varios centros penitenciarios no se han adoptado medidas adecuadas. Como Estado ha existido irresponsabilidad en el manejo en los centros de privación de libertad, opinó.

La legisladora Mae Montaño indicó que el crimen organizado se ha tomado el país, en las cárceles son luchas de mafias y redes, una lucha económica, remarcó. En ese sentido pidieron que se cite, a la Comisión, al Ministro de Gobierno y Director del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SNAI), para que expliquen qué acciones concretas se han tomado durante los estados de emergencia y las acciones a futuro.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL