Boletines de prensa – Asamblea Nacional

Quito, 06 de enero de 2016 Boletín 5225

Alexis Mera no comparte modificación de los alcances de la acción de repetición

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado prosiguió el estudio y tratamiento del proyecto de reformas al artículo 67 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, relativa a la aplicación de la acción de repetición. El secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, objetó los alcances de la propuesta.

Afirmó que la repetición para funcionarios públicos es un tema en proceso de construcción en cuanto a su aplicación; en los últimos nueve años no se ha registrado un problema al respecto, por tanto, no hay necesidad de incorporar cambios a una figura que no ha representado problemas en su aplicación, sostuvo.

Además, comentó que el único organismo internacional de protección de derechos que emite resoluciones definitivas es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras enfatizar que es por demás correcto y obvio que el derecho de repetición y posterior indemnización responda a una sentencia ejecutada y ejecutoriada.

Consideró que la reforma intentaría proteger a los diputados del Congreso del 2004 que destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que anunció su oposición a la misma.

Entre tanto, el parlamentario Luis Fernando Torres recordó que hace pocas semanas apoyó la resolución para que la Asamblea Nacional inicie ante la justicia el trámite de repetición contra los diputados que contribuyeron, con su voto, a desmantelar la Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, de manera arbitraria e inconstitucional.

Esta reforma no tendría efecto retroactivo y lo que busca es clarificar esta materia, en razón de las falencias detectadas en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, a fin de precautelar los intereses del Estado y el debido proceso, subrayó.

Es más, urge definir la responsabilidad estatal cuando un funcionario público actúa con dolo o culpa grave en la prestación de un deficiente o mal servicio público, así como clarificar el ejercicio de competencias de la Asamblea para obrar como lo hizo el Congreso Nacional y las responsabilidades que eso ocasiona, añadió.

MG/pv

Quito, enero 6 de 2015 Boletín 5226

CEAACES considera oportuno proyecto que elimina las universidades cerradas

En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Marcelo Aguilera, del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), al precisar que el proceso de evaluación de las universidades y escuelas politécnica nació por mandato constituyente número 14 que buscaba recuperar el rol director, coordinador y regulador que tenía el Estado sobre las instituciones de educación superior.

Dijo que respalda la aprobación del proyecto que extingue a las universidades cerradas, ya que permitirá la consecución final de un proceso y un encargo constitucional.

Recordó que el CONEA en ese proceso de evaluación a las Universidades y Escuelas Politécnicas encontró un conjunto de brechas que dio lugar a una clasificación de las instituciones para ubicarles en las categorías desde la A hasta la E.

El representante del CEAACES indicó que la Ley de Educación Superior dispone al consejo realizar un nuevo proceso de evaluación, a fin de depurar del sistema de educación superior a las universidades que se encontraban en la categoría E. De las 26 instituciones evaluadas, 14 en un primer momento, fueron suspendidas de manera definitiva por el Consejo, después de desarrollar un proceso absolutamente técnico. En un segundo momento fue suspendida una institución de educación superior y las demás instituciones evaluadas continuaron formando parte del sistema, agregó.

Explicó que los centros de educación suspendidos estaban sumergidos en prácticas mercantiles, empresariales y veían a la educación como un negocio y no como un bien público.

Señaló que el proyecto presentado por el asambleísta Raúl Abad para la extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas definitivamente por el CEAACES es de vital importancia, porque permitirá concluir este proceso histórico que fue muy bien visto a nivel nacional e internacional, a fin de conseguir una educación superior de calidad.

Posteriormente, los parlamentarios escucharon a Jorge Montero, ex rector de la Universidad Politécnica Serbio Tulio Morero de Cariamanga, quien solicitó a los comisionados se exija al Consejo de Educación Superior proceda con la liquidación de la acreencias de esta institución, ya que permitirá tramitar la derogatoria a la ley de creación de la mencionada institución.

Igualmente, los parlamentarios escucharon a Luis Coloma, ex rector de la Universidad Interamericana de Riobamba, quien dijo que se cometió un error al cerrar esta institución de educación, porque era de reciente creación y se debió esperar un tiempo prudencial para constatar el cumplimiento de procesos para lograr la calidad de la educación.

Dijo que hasta el momento no se les ha devuelto el sobrante económico en un monto aproximado de un millón trescientos cincuenta y ocho mil dólares, a la vez que aseveró que mientras la LOES determina que el patrimonio de las instituciones de educación superior particular que han sido extinguidas y no han sido impulsadas con fondos públicos, dicho patrimonio sea destinado a la educación superior pública o particular de acuerdo a lo establecido en sus estatutos, la Constitución prohíbe toda forma de confiscación.

JLVN/pv