Boletines de prensa – Asamblea Nacional

Quito, 19 de noviembre de 2015 Boletín 4955

Comisión de Trabajadores sesionará en Santo Domingo. Recibirá demandas laborales

La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social se trasladará mañana a Santo Domingo de los Tsáchilas, en donde mantendrá su sesión 126. Allí recibirá las demandas de cinco organizaciones laborales.

Esta sesión, que responde a la convocatoria de su presidenta, Marllely Váconez, iniciará a las 10H30, en el  salón Auditorio Francisco Pacheco, en el edificio de la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicado en la calle Latacunga No. 712 entre Avenida 29 de mayo y 3 de julio.

Los asambleístas recibirán en comisión general a Marco Morales, gerente de la Cooperativa de Vivienda “9 de Diciembre”; a Dique Cuero Velasco, secretario general de FEDEMALARIA y a Luis Carrera Rosales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Malaria Zona I Norte, que responde al pedido de la asambleísta Mary Verduga Cedeño.

Mientras que Fausto Caguana Morales, Máximo Ruiz Molina y Pedro Palomo Vega, representantes de la Asociación de Jubilación “Nueva Vida” conformada por ex trabajadores y empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Santo Domingo expondrán sus inquietudes sobre una supuesta vulneración de sus derechos.

Los legisladores también escucharán las demandas laborales de Newton Ulloa, secretario general del “Sindicato de Trabajadores de la Salud Arturo Viveros del Hospital Gustavo Domínguez Z”; y, a Néstor Fabián Mejía, presidente de la “Asociación Nacional de Jubilados Patronales del antiguo IERAC – Asonajup”.

RSA/pv

Quito, 29 de mayo 2013 Boletín 4958

Estudiantes se interesan por movilidad humana. Esteban Melo expuso el tema en la PUCE

Varios estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se congregaron para escuchar la ponencia del asambleísta Esteban Melo sobre el proyecto de Ley de Movilidad Humana. Se comprometieron a enviar observaciones al respecto.

Por invitación del catedrático de Derecho Internacional Privado, José Enríquez, el legislador acudió a este centro educativo para exponer el contenido de esta iniciativa legal, así como para aclarar algunas inquietudes de los asistentes.

El parlamentario manifestó que este proyecto crea un marco jurídico que busca regular los derechos y obligaciones de las personas en movilidad, como emigrantes, inmigrantes, retornados, refugiados, apátridas, asilados, entre otros grupos. Comentó que es fundamental entregar una nueva normativa que deje atrás la ley vigente, que tiene un carácter persecutorio.

Explicó que esta nueva propuesta reconoce, por primera vez en la historia, el derecho a migrar, garantizando que ningún ser humano sea considerado ilegal. Este reconocimiento constituye una ruptura conceptual y epistemológica respecto de la naturaleza migratoria, enfatizó. De esta manera, dijo que el texto se basa en tres fundamentos sustanciales: la supremacía de las personas como sujetos de derechos, el buen vivir y la seguridad humana.

De igual manera, recordó que el objetivo es articular la legislación a los mandatos constitucionales e integrar en un solo cuerpo legal la normativa dispersa.

La importancia de este proyecto también la resaltó Enríquez. Sin embargo, aclaró que es necesario seguirla puliendo, porque aún existen vacíos. En tanto, los universitarios se comprometieron a enviar sus observaciones a la Comisión de Relaciones Internacionales, que se encuentra debatiendo este cuerpo legal.

Mientras tanto, se interesaron sobre el proceso de construcción y socialización del proyecto, sobre todo con el sector migrante. En cuanto a la primera consulta el asambleísta sostuvo se generó en conjunto con el Ejecutivo, otras instituciones interesadas en esta temática y con el aporte de organizaciones sociales.

En cambio, sobre la socialización del proyecto indicó que desde la presentación del proyecto, a mediados de julio pasado, se han realizado varios diálogos con la comunidad ecuatoriana en el exterior y se receptan sus observaciones, aseguró.

A nivel nacional, la Comisión de Relaciones Internacionales ha efectuado algunas reuniones y comparecencias en la mesa, pero desde esta semana se desplazará a 12 provincias del país, para recoger los aportes ciudadanos. Precisamente, este sábado, 21 de noviembre, habitantes de El Oro, Imbabura y Azuay serán los primeros que se pronunciarán, en cada una de sus capitales, a partir de las 08:00.

La Comisión realizará este mismo proceso en cuatro circunscripciones internacionales: Caracas, Nueva York, Madrid y Milán. Así mismo, Melo continuará con las ponencias en otras universidades del país.

LM/pv

Quito, 19 de noviembre de 2015 Boletín 4959

Grupos parlamentarios sugieren proforma con enfoque en niñez, adolescencia y género

Los Grupos Parlamentarios por los Derechos de las Mujeres y por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes como resultado del análisis de la Proforma Presupuestaria 2016 con enfoque en niñez, adolescencia y género, presentarán al presidente de la Comisión del Régimen Económico, Virgilio Hernández, un documento en el que se recomienda desglosar las inversiones con perspectiva de género e intergeneracional y que que cada ministerio especifique los clasificadores de inversión.

También recomiendan insistir en la unidad al interior de la Asamblea Nacional para dar seguimiento a la inversión de la proforma presupuestaria en coordinación con los representantes del Ejecutivo.

El anuncio los realizó la presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, Marisol Peñafiel, quien agregó que en el debate en el Pleno insistirán que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta.

Por pedido de las asambleístas Betty Jerez y Zobeida Gudiño, integrantes de los dos grupos parlamentarios, además solicitarán a los representantes de los Consejos Nacionales para la Igualdad de Género e Intergeneracional que comparezcan para que expliquen por qué no presentaron proyectos de inversión, que la inversión no solo debe tratarse en cuanto al tema intergeneracional y de género, sino también al de Pueblos y Nacionalidades, porque la inversión es vista únicamente desde la necesidad de los mestizos y dar seguimiento a los proyectos para erradicar la violencia.

De su lado, la presidenta del Grupo Parlamentario de las Mujeres, Gina Godoy, señaló que para combatir la violencia de género e intrafamiliar se creó el Plan de Erradicación de la Violencia; no obstante, no hay ningún desglose sobre esta inversión por lo que se debe realizar un seguimiento para saber de qué manera el programa contribuye a que el Ecuador sea un país libre de violencia y estar vigilantes para tener elementos y resultados de lo que realizan las diferentes carteras de Estado.

El delegado de UNICEF en el Ecuador, Jorge Valles, se refirió a las tres recomendaciones realizadas a la comisión: protección destinada a la infancia y a la adolescencia y la importancia de asegurar que esa inversión sea de calidad; la necesidad de contar con información detallada que permita realizar comparaciones de la ejecución del gasto anual para medir, mejorar y ajustar lo realizado; y, la importancia de institucionalizar los mecanismos de monitoreo y evaluación del gasto público que incluya instancias que faciliten el desarrollo de metodologías para evaluar esa evolución.

Finalmente, Maria Dolores Almeida, consultora de Unicef, señaló que para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes no solo se debe ver cuánto se asigna, sino cómo se cumple esa ejecución.

Informó que para el Consejo Sectorial de Desarrollo Social se destinaron USD 3.446 millones que representan un 11,6 % de la Proforma 2016. Así mismo, dijo que de acuerdo con la proforma presupuestaria se han destinado 483,5 millones de dólares para género: 247,7 millones para derecho a salud y 233,7 para autonomía de la mujer, mientras que para la niñez, en salud se ha destinado 3,7 millones de dólares, para educación 796,8 millones y para protección social 12 millones más.

Finalmente, señaló que invertir en lo social, especialmente en la niñez, adolescencia y género, es esencial para alcanzar un desarrollo humano integrador, equitativo y sostenible. Solo así se está invirtiendo para las generaciones presentes y futuras y hacerlo es beneficioso para la sociedad y la economía en conjunto, concluyó.

GC/pv

Quito, noviembre 19 de 2015 Boletín 4956

“Asamblea cumplió mandato constitucional y fomentó la participación ciudadana”

Dos salas se instalaron para que alrededor de 150 personas escuchen el desarrollo del debate del proyecto de enmienda constitucional. En primera instancia los parlamentarios miembros de la comisión que analiza la propuesta, expresaron sus criterios sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional para llevar adelante el análisis del proyecto y el amplio proceso de participación ciudadana que se dio en los diálogos ciudadanos realizados en todo el Ecuador.

En la continuación de la sesión 17 de la comisión, la segunda Vicepresidenta de la Legislatura, Marcela Aguiñaga sugirió que para analizar cada una de las enmiendas es necesario establecer un procedimiento que permita clasificarlas por temas: aquellas que amplían derechos, las que permiten eficacia de la normativa y las que adapten textos a la Constitución.

De su lado el legislador Luis Fernando Torres anunció que presentará un informe de minoría ya que a su criterio, el documento no tiene la legalidad necesaria. Dijo que la propuesta de enmienda debe ser analizada como enmiendas urgentes, como por ejemplo la reelección; en importantes, como el tema de la edad para postularse a la Presidencia de la República; y en irrelevantes como la facultad que se daría a la Defensoría del Pueblo para ubicar más oficinas en las parroquias y cantones.

Mientras que el asambleísta Gabriel Rivera precisó que desde el inicio de este debate no se ha podido demostrar que la enmienda altere la estructura del Estado, el carácter constitutivo del Estado o que restrinjan derechos, al tiempo de precisar que la Asamblea Nacional tiene legitimidad para tramitar las enmiendas. Fue enfático en señalar que la Legislatura puede hacer cambios al texto de las enmiendas en calidad de Asamblea Constituyente Derivada.

El parlamentario se refirió a las 12 reformas que se realizaron desde 1979 hasta 1998 y que en ninguna de ellas participó la ciudadanía y más bien se las realizó entre 4 y 70 días. Hoy se lo hizo en territorio con la participación activa de la gente, lo cual es histórico y marca un ayer y un hoy, subrayó.

Por su parte la legisladora Soledad Buendía calificó de histórico el hecho de llevar adelante por 9 meses el proceso de diálogos ciudadanos en territorio, ya que no solo se visitó ciudades sino cantones y parroquias. La legisladora recordó que en 1998 la ciudadanía en consulta popular votó por los 444 artículos que contiene la Constitución y en el artículo 441 se establece la legitimidad y legalidad que tiene la Asamblea para tramitar el proyecto de las 16 enmiendas a la Constitución, donde se establece el plazo de un año entre el primer y segundo debate. En este tiempo se recorrió el país dando a conocer el contenido de las 16 enmiendas que amplían derechos de participación, manifestó.

En cambio, el legislador Patricio Donoso recordó que desde el principio su partido (CREO) mantuvo la tesis de la enmienda sea sometida a consulta popular. Entregó un informe de minoría al presidente de la Comisión, Juan Carlos Cassinelli, a través del cual recomienda que se desapruebe la enmienda.

Entre tanto, la primera Vicepresidenta de la Legislatura, Rosana Alvarado, aseguró que la Asamblea Nacional está facultada a realizar cambios en el texto de la enmienda, ya que la es parte del poder constituyente derivado. La legalidad y legitimidad se establece en la Constitución que determina el procedimiento para realizar una reforma total o parcial. La Corte Constitucional amparada en la Carta Magna facultó a la Legislatura su trámite; ninguna de las enmiendas afecta ni restringe derechos ciudadanos, afirmó.

La legisladora Rosa Elvira Muñoz, al agradecer al pueblo ecuatoriano por participar activamente en los más de 160 diálogos ciudadanos, dijo que fue oportuno llegar a cantones, parroquias, barrios para escuchar las propuestas de la gente. Solicitó que en el informe para segundo debate se tome en cuenta casos propuestos en los diálogos, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas en varios hechos están presentes para resguardar la seguridad ciudadana.

Antes las reformas se hacían en cuatro paredes, hoy se hace en territorio con la gente buscando se pronuncie sobre los distintos temas e informando el contenido del documento de enmiendas, puntualizó.

La sesión se desarrolló con la presencia de los 11 legisladores que integran el organismo legislativo.

JLVN/pv

Quito, noviembre 19 de 2015 Boletín 4957

Presentan propuestas sobre derechos laborales, Defensoría del Pueblo y postulación

Por el lapso de tres horas la Comisión de Enmienda Constitucional sesionó con la finalidad de debatir el contenido de las 16 propuestas de enmienda. En el debate se presentaron planteamientos en materia de derechos laborales, la descentralización territorial de la Defensoría del Pueblo y la Transitoria que dispone que el cambio sobre la postulación para la reelección entre en vigencia el 24 de mayo de 2017.

Transitoria

La vicepresidenta de la Comisión de Enmienda, Verónica Arias, planteó la incorporación de una propuesta alternativa a la enmienda de los artículos 114 y 144, tomando en cuenta que quienes ejercen en este momento el poder constituyente derivado puede realizar ajustes al dictamen de la Corte Constitucional, pues no se puede limitar este ejercicio.

En este marco, planteó que el artículo 114 determine que las autoridades de elección popular podrán postularse para reelegirse, quienes se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan y que el 144 establezca que la Presidenta/e de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá postularse para ser reelecto.

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y vocal de la Comisión de Enmienda, Marcela Aguiñaga, al reiterar que la Legislatura tiene la facultad para llevar adelante este proceso y por tanto está facultada para mejorar los textos, aclaró que esta enmienda no ataca la democracia.

Al sumarse a la propuesta de la legisladora Verónica Arias insistió que la enmienda para la postulación para la reelección es absolutamente democrática. Planteó que se incorpore un texto a la enmienda a los artículos 114 y 144 referida a los derechos de participación política, a fin de que entre en vigencia el 24 de mayo de 2017.

La parlamentaria aseguró que la disposición transitoria no desnaturaliza, no altera, no contraría las normas de la enmienda principal respecto a la postulación abierta, es decir, que modulará efectos en el tiempo. La única diferencia que habría entre la enmienda principal y la transitoria es cuando entra en vigencia. Existen muy buenas razones para aprobar los derechos de participación ciudadana y permitir postularse sin obstáculos a los cargos de elección popular, con lo cual se se agota ese fundamento que se ha querido enmendar la Constitución con un nombre y apellido, aseveró.

Dijo que se suma al mensaje ético de su bancada que se incluya a los legisladores que tiene más de dos períodos continuos para que no puedan participar en las próximas elecciones.

La legisladora Soledad Buendía solicitó se analice un texto alternativo para el artículo 144: La Presidenta/e de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá postularse para ser reelecto por votación popular, lo cual clarifica que será el pueblo tiene el poder de elegir, reelegir y definir la permanencia o no de los mandatarios.

Enmienda laboral

En su intervención el asambleísta Fausto Cayambe, propuso mantener la enmienda al artículo 229, ya que elimina la vieja división del trabajo, a fin de ir a una nueva organización laboral donde se no se discrimine al obrero y al servidor público, sino que se los vea como trabajadores públicos.

En cambio, sobre la propuesta al artículo 326, numeral 16 dijo que se maximizan los derechos, por tanto planteó que los servidores públicos tengan derecho a la organización para la defensa de sus derechos y la mejora para la prestación de los servicios públicos, a la huelga, de conformidad con la Constitución y la ley. En virtud de que el Estado y la administración pública tiene como obligación velar por el interés general solo habrá contratación, contrato colectivo en sector privado.

Las y los obreros públicos que antes de la entrada de la vigencia de la presente enmienda constitucional se encuentran sujetos al Código de Trabajo mantendrán los derechos individuales y colectivos, garantizados por este cuerpo legal. Todos los derechos de los trabajadores se mantienen, dijo Fausto Cayambe, al precisar que en 180 días se reforme todas las leyes que tienen que ver con el sector público y así ir al gran sueño de tener “una sola legislación laboral en el sector público y privado”. Anunció que se ratificará el convenio 151 de la OIT, que garantiza la sindicalización a todos los servidores públicos garantizando condiciones más dignas.

Defensoría del Pueblo

De su lado, el presidente de la comisión, Juan Carlos Cassinelli, expresó que en los conversatorios ciudadanos se hizo notar que el fundamento principal de la enmienda de la descentralización territorial de la Defensoría del Pueblo quedaba sin sustento, porque en el artículo 214 plantea que se sustituya la frase “y tendrá delegados en cada provincia y en exterior, por la siguiente “observando la división territorial judicial, así como tendrá delegados en el exterior””, pero resulta que la organización de la Defensoría del Pueblo no corresponde al ámbito judicial que es lo que el espíritu de la enmienda indicaba, pues la Defensoría es un órgano de control que pertenece a la Función de Transparencia y Control Social.

Explicó que se pudo advertir que la ley y la Constitución facultan a la Defensoría a acceder a otros sitios para efectos de sustentar la protección de los derechos de los ecuatorianos.

En este marco, el parlamentario sugirió que la enmienda relacionada con la Defensoría del Pueblo no sea acogida en el informe para segundo debate.

Durante la sesión los parlamentarios también expresaron sus criterios respecto de la comunicación como servicio público, la facultad de los gobiernos descentralizados a consultar a la ciudadanía temas de interés para su respectiva jurisdicción, la disminución de la edad para postularse a la Presidencia de la República, la competencia de la Contraloría General del Estado, los procesos de integración organizada para las regiones autónomas.

JLVN/pv