Boletines de prensa. Asamblea Nacional

Quito, 1 septiembre de 2015 Boletín 4592

Comisión de los Trabajadores conocerá implementación de aseguramiento de amas de casa

Una vez que las trabajadoras no remuneradas del hogar podrán afiliarse a la seguridad social, por medio de una plataforma digital que ha desarrollado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores convocará en los próximos días, a la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca y al presidente del Directorio del IESS, Richard Espinosa para que informen acerca del sistema que se ha implementado en el aseguramiento de las amas de casas.

En el marco de la vigilancia de la aplicación de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, el asambleísta Bairon Valle manifestó que es necesaria la presencia del director del IESS, para que informe acerca del avance, metodología, plan y el sistema que se utiliza en el aseguramiento de las amas de casa.

De su lado, la legisladora Mary Verduga precisó que se aspira que en poco tiempo se cuente con unas 200 mil amas de casa afiliadas.

Manifestó que los funcionarios del IESS deben informar el plan que tienen para ejecutar en las diferentes provincias, considerando que es un tema que se sentirá en las poblaciones.

Fausto Cayambe coincidió con la propuesta para que se invite a los directivos del IESS y a la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, como ente responsable de implementar la política pública de seguridad social.

En este sentido, dijo, se recibirá información íntegra del Ejecutivo, sobre la política pública en seguridad social y sobre todo el rol que jugará en la sociedad ecuatoriana para que inmediatamente las amas de casas puedan afiliarse y así contar con esa posibilidad de ejercer el derecho a tener una pensión digna.

Datos

Las amas de casa deberán aportar a la seguridad social un monto que oscila entre los dos y los 46,90 dólares, “según los ingresos que perciban los integrantes del hogar”, según informó la institución en un comunicado de prensa.

Para acceder a la afiliación las amas de casa deberán ingresar a la página web www.iess.gob.ec. Las mujeres que se afilien al nuevo sistema, tendrán acceso a pensiones por vejez, invalidez y muerte. En el caso de las beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, está previsto que puedan aportar dos dólares y la contraparte sería el Estado que aportaría los nueve dólares.

El proceso de afiliación será progresivo y las amas de casa deben realizar sus pagos hasta el día 15 de cada mes. Las afiliadas se podrán jubilar por vejez, luego de cumplir 240 aportaciones; mientras que las pensiones por invalidez y muerte se podrán recibir a partir de la sexta aportación. La afiliación de las amas de casa será financiada una parte por el afiliado y otra por el Estado de acuerdo a la condición socioeconómica.

RSA/pv

Quito, 1 de octubre de 2015 Boletín 4593

Disputas y conquistas de afrodescendientes se analizó en ELAP

El Encuentro Latinoamericano Progresista posicionó a la región como espacio de paz, diálogo y debate. En el encuentro hubo masiva concurrencia, asistieron 40 conferencistas, 65 partidos políticos y movimientos de 30 países del mundo y en el cual pueblo afroecuatoriano tuvo un espacio propio en el cual se analizó su situación particular.

Entre los conferencistas, se destaca la presencia del Vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glas; el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera; el ministro de Cultura del Ecuador, Guillaume Long y la lidereza colombiana y ex-senadora Piedad Córdoba de Colombia, entre otros políticos, activistas, investigadores de la realidad social y expertos en temas de derechos y en asuntos de política internacional.

Especial interés generó este encuentro en el pueblo afrodescendiente de Latinoamérica y del Ecuador. La asambleísta nacional Alexandra Ocles, encargada de la coordinación de la mesa de trabajo “La izquierda y los afrodescendientes: disputas y conquistas”, que se efectuó en el ELAP 2015, compartió con la colombiana Piedad Córdoba, líder de Poder Ciudadano y activista por los derechos humanos en esa nación. Con el uruguayo Miguel Ángel Pereira, del Colectivo Identidades del Frente Amplio y con el venezolano Diógenes Díaz, del PSUV.

En su intervención Alexandra Ocles pasó revista al recorrido histórico del movimiento afro en la izquierda y los logros conseguidos con esta lucha para los afroecuatorianos pero también para “la ciudadanía ecuatoriana” en general. Señaló, sin embargo, que inclusive dentro de la izquierda el pueblo afro ha sido invisibilizado, a pesar de lo cual “se ha dado batalla” consiguiendo avances en el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Aclaró que “aún hay tareas pendientes” para conseguir la plena vigencia de los derechos del pueblo afroecuatoriano. Mencionó la relación de la militancia afro con el movimiento PAIS y dijo que están en el proceso de “negrearlo”, haciendo referencia a la vinculación completa de los militantes afros, representados en el Frente Afroecuatoriano PAIS y así seguir construyendo la nueva izquierda que “incorpore las agendas de los diversos sectores de la sociedad.”

Quito, 01 de octubre de 2015 Boletín 4594

Asamblea aprueba proyecto de Ley de prevención integral de drogas

Con 92 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, que contiene nuevos diseños de políticas públicas aplicables, con pragmatismo y objetividad, con alternativas de prevención para reducir el impacto en la salud pública y los problemas sociales.

La norma aborda la problemática desde una perspectiva integradora, que reconozca los enfoques y realidades nacionales y amplíe la ubicación del fenómeno de las drogas en el contexto socioeconómico de orden estructural que incorporan para su tratamiento factores causales como el desarrollo que sustenta la paz y la seguridad.

El proyecto contempla como mecanismos fundamentales acciones para la prevención del uso y consumo de drogas; el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social; y, reducción de riesgos y daños.

Enfrenta el fenómeno socioeconómico de las drogas precautelando los derechos humanos; promueve la cultura de paz y seguridad ciudadana dentro del marco del buen vivir; las acciones de reducción de riesgos y daño contarán con información técnica oportuna que promueva una educación integral.

Los centros terapéuticos contarán con profesionales especializados, protocolos de buenas prácticas y programas de atención; en el caso de personas mayores de edad el tratamiento será voluntario, salvo los casos previstos en la ley. Las personas no podrán ser discriminadas, estigmatizadas por su condición de usuarias o consumidoras de cualquier tipo de droga.

Establece la obligación del Estado de prestar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a consumidores ocasionales, habituales y problemáticos de drogas e implementar programas direccionados prioritariamente hacia mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Atañe directamente a los sistemas nacionales en los campos de la salud, educativo, laboral, comunitario-familiar, recreativo – deportivo, cultural, comunicacional y de información.

La norma modifica el Código Orgánico Integral Penal, -que es el cuerpo normativo que regula la materia punitiva y persecutoria de las conductas que por su tipicidad constituyen delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan- sea modificado, a fin de endurecer las penas previstas para la mínima y mediana escala, y combatir eficazmente el microtráfico, evitando que se convierta en una problemática social de proporciones, para lo cual se requiere la adopción medidas urgentes de carácter legislativo que posibiliten la prisión preventiva, a fin de asegurar la comparecencia de la persona procesada y el cumplimiento de la pena.

El documento contiene 43 artículos, 9 disposiciones generales, 17 transitorias, 3 reformatorias, 4 derogatorias y 1 disposición final en la que se establece que la Ley entraría en vigencia después de 90 días a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Para William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y ponente del proyecto, esta norma permitirá rediseñar el rumbo de la política antidrogas y construir la sociedad que todos queremos, en la que la salud de sus habitantes sea, como ha sido, el eje de acción del Estado y sus instituciones.

Señaló que toda reforma legislativa y más aún aquellas de carácter penal responden a una necesidad social. El planteamiento se fundamenta en la necesidad de establecer una pena proporcional a la gravedad de los delitos que tutelan bienes jurídicos de especial trascendencia social, enfatizó.

Precisó, que el derecho penal conforme lo señala el propio COIP, debe determinar con claridad los límites para no caer en la venganza privada, pero tampoco en la impunidad.

Informó que el proyecto, ha recogido en esencia los aportes y los criterios que se han dado a lo largo del extenso período de socialización, por personas e instituciones calificadas, cuya aplicación supondrá que el Estado y la sociedad en su conjunto intervengan con toda la fuerza institucional y acervo moral para enfrentar con estrategia preventiva al fenómeno, que siendo un problema de salud pública, en sus aristas más críticas constituye un flagelo que carcome el crecimiento saludable de la sociedad, al debilitar a sus segmentos poblacionales más sensibles y vulnerables.

Recordó que la Constitución de Montecristi abordó el fenómeno socio económico de las drogas con una visión progresista distinta y humana al considerar a las adicciones como un problema de salud pública, al consignar la no criminalización de los consumidores y el respeto a sus derechos constitucionales, al determinar como derecho de niñas, niños y adolescentes y como obligación del Estado el adoptar medidas de prevención; al concebir a la salud ya no como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental, indispensable para el goce de otros derechos relacionados; y al plasmar la garantía de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles.

El legislador, en su intervención recogió las palabras pronunciadas por José Mujica: «la única adicción saludable que hay, es la del amor. Todas las demás son una plaga, pero con diferencias de grado, no creo que ninguna adicción sea buena.”

RSA/pv

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