Reformas fortalecen rol del estado para garantizar la vida y bienes de ciudadanos

Con mucha expectativa arrancó en el Pleno el primer debate del proyecto de Ley de Reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores profundizaron en temas de mayor preocupación como los delitos a la integridad sexual y reproductiva en contra de niños, niñas y adolescentes; aborto no punible; lucha contra la corrupción e infracciones.

Enfatizaron en la necesidad de otorgar herramientas necesarias para la lucha eficaz contra la corrupción e impunidad, así como fortalecer el rol del estado en su deber primordial de garantizar la vida y los bienes de sus conciudadanos. Las reformas abarcan 14 aspectos de relevancia, 82 observaciones de asambleístas, academia y organizaciones sociales y se dio paso a 50 comisiones generales dentro de la Comisión de Justicia, quien preparó el informe.

Uno de los temas más hablado fue sobre las tres posiciones fundamentales para luchar contra la corrupción: las figuras del comiso sin condena, comiso contra terceros, y comiso ampliado, que servirán de manera efectiva para retirar los bienes producto de actos ilícitos, relacionados con corrupción y que no es posible recuperarlos porque constan a nombre de testaferros o porque la persona procesada evita comparecer al proceso penal y así no recibir una sentencia condenatoria.

Sobre el aborto no punible, dijeron que no hay que responder con revictimización, cuando se tiene que reivindicar derechos. Unos asambleístas expusieron estar a favor de la vida en todas sus manifestaciones, más allá de incongruencia o no de las normas legales y que es fundamental analizarlo para evitar la criminalización de la pobreza. Otros respaldaron la propuesta de despenalizar el aborto en caso de violación, incesto, estupro e inseminación no consentida. También que la violencia no deber ser tolerada.

Comentaron que en los últimos tres años, 13.969 mujeres fueron violadas, lo que significa 11 violaciones por día, 718 víctimas tenían menos de 10 años de edad, 449 fueron violadas por familiares, profesores y personas cercanas. Por ello es necesario debatir con seriedad dejando a un lado los dogmas y las creencias, fueron otros criterios.

En cuanto a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niñas, niños y adolescentes, los legisladores se mostraron partidarios en reforzar la tipificación de algunas conductas penales, así como la normativa referente a penas no privativas de libertad y reglas de procedimiento, con el único propósito de proporcionar al niño una protección especial.

Recalcaron que las personas que han sido sancionadas por delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y jóvenes, serán sometidas a proceso de capacitación, programas o cursos que los juzgadores deben disponer con la sentencia respectiva. Además, de la inhabilitación del ejercicio de oficios que involucren relación directa con la niñez. Incorpora la figura de juzgamiento en ausencia de los delitos contra la integridad sexual y reproductivos contra niñas, niños y adolescentes

En cuanto a la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, aseguraron que no será punible. Las cantidades establecidas en las tablas serán meramente referenciales para determinar el tráfico o consumo.

Los legisladores indicaron que lo que se propone con las reformas es que esa referencia ya no sea obligatoria para el sistema judicial, es decir, “que los jueces nunca más se laven las manos en el momento determinar cuál es el narcotraficante que se quiere pasar como consumidor”, lo que dijeron es fundamental.

También se refirieron a la despenalización del uso del cannabis con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objeto de garantizar la salud, siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de una prescripción profesional. Unos dijeron que no es lo mismo salvar vidas, que cegar vidas. El estado debe cumplir un rol primordial y fundamental de regulador en todo lo que se refiere a la importación y expendio.

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