Nuevas propuestas de reformas al Código Penal entran a trámite en Comisión de Justicia

Este miércoles 17 de enero, a las 10h00, continuará la sesión 017 de la Comisión de Justicia, en la que avocará conocimiento de cuatro nuevos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), de iniciativa de los asambleístas Amapola Naranjo, Gabriela Cerda, Fabricio Villamar y Ana Galarza.

Protección de menores

La legisladora Amapola Naranjo, en su propuesta orientada a la protección de niñas, niños y adolescentes, sugiere agregar como numeral 10 del artículo 48 en el sentido que en los casos de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes el infractor haya cometido dichas infracciones de forma sistemática o generalizada, se impondrá la pena máxima prevista para el respectivo tipo penal, aumentada en dos tercios.

También plantea sustituir el numeral 1 del Art. 48 (circunstancias agravantes de la infracción penal) por el siguiente: encontrarse la víctima al momento de la comisión de la infracción, al cuidado o atención en establecimientos públicos o privados, tales como los de salud, educación, deportivo, cultural, de enseñanza u otros similares dentro de las circunstancias agravantes para las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal.

Peculado

Entre tanto, la legisladora Ana Galarza es partidaria de derogar el último inciso del Art. 581 para que la Fiscalía General del Estado pueda ejercer la acción penal por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, sin necesidad del informe previo con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría.

Cohecho

Mientras, la parlamentaria Gabriela Cerda plantea modificar el Art. 280 referido al cohecho, bajo los siguientes parámetros: la persona que bajo cualquier modalidad prometa, ofrezca, o dé a un servidor público un donativo, dádiva, ventaja o beneficio económico u otro bien de orden material que sea indebido, sea para hacer, para no hacer, para omitir, para agilitar, para retardar o para condicionar trámites, actos, diligencias y/o demás cuestiones relativas a sus funciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si se establece que el servidor público ejecutó el acto solicitado por el agente o no realizó el acto debido, o recibió donativo, dádiva, será sancionado con pena privativa de tres a cinco años.

Flagrancia

De su lado, el asambleísta Fabricio Villamar propone sustituir el numeral 4 del artículo 640, por el siguiente: una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar la audiencia de juicio directo en el plazo máximo de veinte días, en la cual dictará sentencia.

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