María José Carrión solicita a la Judicatura envíe expedientes completos sobre actuaciones de sus vocales y funcionarios administrativos

La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, María José Carrión Cevallos, al cierre de la comparecencia del Consejo de la Judicatura de Transición, solicitó que el organismo remita los expedientes completos sobre las actuaciones de sus vocales y funcionarios administrativos, en torno a los casos que han sido denunciados, sobre presunta injerencia en instancias judiciales.

Carrión Cevallos explicó que en las intervenciones ante la Comisión cada uno de los vocales presentó su versión de ciertos hechos que motivaron la comparecencia en varios temas, por ejemplo sobre las escuchas, si se han llevado a cabo investigaciones, como el caso de las cartas o la investigación al director General, Juan Vizueta, al igual que en la contratación con la empresa HRH y el pago excesivo de un millón de dólares, hechos que son de alta preocupación para el pueblo ecuatoriano.

Esto, añadió, evitará que los asambleístas podamos parcializarnos con la versión de uno y otro vocal, cuando la responsabilidad de la comisión es entregar al Pleno de la Asamblea un informe debidamente sustentado en documentación certificada que entregue el propio Consejo de la Judicatura.

Nominación de jueces

El presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo Jaramillo, luego de contestar las preguntas formuladas por los asambleístas en torno a sus actuaciones al frente de este cuerpo colegiado, y ante la inquietud de la legisladora Kharla Cadena, pidió que la Asamblea Nacional analice la vía más adecuada para que se revea la prohibición de nombrar jueces en distintas unidades judiciales del país. “Nombrar jueces es un clamor nacional, sin embargo, por la chismografía barata que dio lugar a una discusión interna, que ha sido superada, nos quitaron una de las funciones más importantes”, agregó.

No hubo injerencia

De su lado, el vocal Aquiles Rigail Santistevan reiteró que las cartas que envió a la Fiscalía en Guayas y a una unidad judicial de Quito no tuvo ningún tinte de injerencia en la gestión de estos funcionarios, sino expresaba la preocupación porque, en el primer caso, habían transcurrido siete meses que no se había dado respuesta a un requerimiento ciudadano, lo cual atenta contra el principio de celeridad; y, en el otro, se requería información sobre los efectos de una sentencia. “En ningún caso ejercí influencia ni pedí que se pronuncie en un sentido y otro, solicitó que se informe lo pertinente en el marco de sus respectivas competencias.

No puede haber mediación

Angélica Porras se refirió a la contratación con la empresa HRH, que ha desde 2005 mantuvo contratos por 90 millones de dólares, uno de ellos, en la construcción de la Unidad Judicial norte, en Quito, que luego se determinó que habría un sobreprecio. A esta compañía se le pagó en exceso un millón de dólares y, como contraparte, se le debía 200.000 dólares y para la recuperación de ese monto se debía iniciar un proceso coactivo. El director General de la Judicatura, Juan Vizueta dijo que se había propuesta un procedimiento de mediación, pero esa medida no corresponde porque la empresa debe devolver el exceso, con intereses, y así lo resolvió el Consejo.

A mi juicio, sí hubo injerencia

Juan Pablo Albán, exvocal del Consejo, vía Skipe, discrepó con Rigail, porque -a su juicio- sí hubo injerencia, porque en el texto de una de esas cartas les recuerda que “estamos seguros que usted se identifica con los cambios que el país espera”.