JUECES DECLARAN NULA LA RESOLUCIÓN DEL ALCALDE DE PAUTE QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA PROHIBICION DE EXPLOTAR ARIDOS EN MINA DE LA VIRGINIA.

La Prefectura del Azuay, en enero del año 2016 compareció ante el  Tribunal Contencioso Administrativo con el objeto de demandar al Alcalde del Cantón Paute por la ilegal resolución de declaratoria de utilidad pública sobre un predio de propiedad de la entidad provincial, siendo el fundamento de la demanda el incumplimiento de las normas legales establecidas en la Constitución, COOTAD, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento; predio en la cual a su vez está concedido el libre aprovechamiento de los materiales de construcción para la obra pública de competencia del GAD Provincial emitido por la Subsecretaria Regional de Minería Centro Sur (Cuenca).

El Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco argumentó en su demanda que el “Alcalde realiza una interpretación de la norma constitucional a su antojo, y totalmente fuera de contexto, acomodando las normas constitucionales a sus pretensiones, con el objeto de justificar la motivación que por mandato constitucional debe existir como base de todo acto administrativo, atentando a la seguridad jurídica y al respeto a la Constitución”, dijo.

Con fecha 21 de junio del 2017 el Tribunal Contencioso Administrativo,  dicta sentencia, dando la razón jurídica a la Prefectura del Azuay, explicó Carrasco. Los jueces en su argumentación jurídica previo a la sentencia señalan que “son causa de nulidad de una resolución o del procedimiento administrativo: b) La omisión o incumplimiento de las formalidades legales que se deben observar para dictar una resolución o iniciar un procedimiento, de acuerdo con la ley cuya violación se denuncia, siempre que la omisión o incumplimiento causen gravamen irreparable o influyan en la decisión, situación que se presenta en el caso en estudio…”, así lo informó el Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco Carpio, quien comentó que la decisión ilegal del Alcalde del cantón Paute afectó gravemente la construcción de la obra pública, causando un grave perjuicio a la provincia del Azuay.

La ilegal decisión del Alcalde de Paute causó un perjuicio a Prefectura del Azuay, por ende a la obra pública de más de 10 millones de dólares anuales, al no poder la institución provincial extraer de la mina de la Virginia, los áridos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento de las vías de nuestra provincia concluyó el Prefecto Carrasco.

DCS PREFECTURA DEL AZUAY