Fiscalía inició procesó contra tres exfuncionarios por tráfico de influencias

Alejandro V. y Santiago S. quedaron con prisión preventiva. Mientras que a Juan V. se le dispuso la presentación ante la autoridad competente, dos días a la semana, y la prohibición de salir del país. Los tres fueron procesados por la Fiscalía por su presunta participación en el delito de oferta de tráfico de influencias que se habría cometido en seis instituciones del sector público.
El juez Gustavo Brito ordenó la prohibición de enajenar bienes y acciones de compañías, la retención de cuentas y la incautación de vehículos y bienes inmuebles hasta que se resuelva la situación jurídica de los tres procesados.
Esta resolución fue el resultado de la audiencia de formulación de cargos realizada la tarde del martes 29 de noviembre, en la Unidad de Flagrancia, en Quito.
En el desarrollo de la audiencia, el fiscal Hugo Pérez presentó como elementos de convicción contratos y correos electrónicos suscritos con varios funcionarios públicos, en los que se entrega las licitaciones para entregar bienes o servicios.
Además, el fiscal Pérez mencionó que existe una agenda con datos de las comisiones que presuntamente recibían por los trabajos que realizaban, esta fue obtenida en uno de los allanamientos. Allí se revelaría que la presunta red delictiva cobraba, dependiendo del contrato, entre el 3% y el 20% por cada contrato tramitado.
El sistema que al parecer utilizó este grupo era con base a la apropiación de información confidencial para influenciar en la obtención de contratos, e incluso, se habría detectado que los integrantes de la red de tráfico de influencias bloqueaban a las empresas que legítimamente ganaban las adjudicaciones.
Además, la Fiscalía presentó grabaciones, informe de vigilancias, seguimientos y fotografías donde se evidenciaría que los ahora procesados estarían involucrados en actividades irregulares.
La Fiscalía inició la investigación de este caso en julio del 2015, por la denuncia que hizo la Presidencia de la República, a través de su Unidad de Seguridad Interna. Se habría detectado que exfuncionarios eran los integrantes de una presunta red dedicada al tráfico de influencias para conseguir contratos en el sector público.
Los tres procesados fueron detenidos la noche del lunes 28 de noviembre, durante el operativo liderado por la Fiscalía donde se allanó seis inmuebles, entre domicilios y oficinas, ubicados en Tumbaco, Cumbayá y centro norte de Quito.
La Fiscalía tendrá 90 días de instrucción fiscal, tiempo en que se reforzarán las investigaciones de este caso.
Dato:
El delito de oferta de tráfico de influencias es sancionado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con privación de libertad de tres a cinco años.

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