EXHORTO PÚBLICO AL GOBIERNO NACIONAL

La Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, es un ente colegiado conformado por 146 profesionales de tercer y cuarto nivel de 14 provincias del país. Nuestro compromiso con el país ha sido permanente en la construcción de herramientas, metodologías e insumos para el fortalecimiento de la política pública entorno a la gestión de riesgos, desde la participación de nuestros asociados en instituciones públicas, privados, y universidades. Actualmente en el contexto de la pandemia COVID 19, nos movilizamos colectivamente en torno a tres ejes:

▶ Asesoramos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales y provinciales en el funcionamiento de los Comités de Operaciones de Emergencia y la gestión institucional de la emergencia sanitaria.

▶ Fomentamos e implementamos procesos de fortalecimiento de capacidades para la gestión de la crisis sanitaria a nivel local, con el apoyo de organismos no gubernamentales, universidades y sector privado.

▶ Promovemos la investigación aplicada a través del involucramiento de docentes-investigadores de universidades para el desarrollo de escenarios de riesgos, utilizando modelación prospectiva respecto al COVID 19.

En este sentido, con conocimiento de causa y experiencia acumulada respecto a la gestión de emergencias y gobernanza de riesgos EXHORTAMOS públicamente al Gobierno Nacional, REEVALUAR el anuncio de REACTIVAR ciertas actividades económicas a nivel Nacional y más bien analizar con los Alcaldes y los Prefectos, los sectores que actualmente cumplen con todas las normas de bioseguridad en cada contexto provincial y cantonal, para poder implementar de manera pertinente la fase determinada de DISTANCIAMIENTO SOCIAL -anunciado públicamente por el Señor Presidente Constitucional de la República a través de cadena nacional el 24 de abril- pedido que lo formulamos en virtud de las siguientes consideraciones:

1. La estadística actual proporcionada por el COE Nacional, presenta algunas inconsistencias: el número de pruebas procesadas siguen siendo limitadas y el número de muestras generadas tienen un nivel de represamiento importante, lo que genera un subregistro significativo que dificulta la toma de decisiones.

2. La emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la capacidad reducida del Sistema de Salud Pública para garantizar el acceso a la población, y en especial a la más vulnerable, en razón de: a) número de laboratorios públicos habilitados a nivel nacional para muestras moleculares COVID, b) número a nivel nacional de áreas de cuidados intermedios y cuidados intensivos funcionando, c) insumos y contingente sanitario suficiente para garantizar la seguridad del personal de salud, así como el funcionamiento adecuado de sus diferentes niveles de atención.

3. Los mecanismos de articulación y entrega de información por parte del COE Nacional a los COE Cantonales es todavía deficiente. Esto no permite que los municipios cumplan eficientemente con la disposición del COE nacional respecto al manejo de los cercos epidemiológicos y la entrega de asistencia humanitaria, toda vez que no cuentan con la base de datos actualizada del Registro Único de Afectados y Damnificados o la base de datos de los pacientes sospechosos o alta clínicas COVID.https://bit.ly/3bFOC5Thttps://bit.ly/3eQSVgQhttps://bit.ly/3bFOC5Thttps://bit.ly/3eQSVgQAcuerdo ministerial MDT– 0060-2017

4. La insuficiente disponibilidad presupuestaría con la que cuenta el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados para asumir los costos de medidas de bioseguridad, movilización y operación que se establecen en las resoluciones administrativas de las diferentes carteras de Estado. Recordar que los ingresos propios de las Prefecturas y los Municipios, se han visto disminuidas por concepto de cobro de tributos e impuestos, así como mora existente de las transferencias que por ley les corresponde del presupuesto general del Estado.

Conocemos y entendemos de las implicaciones económicas que significa la pandemia a nivel global y en nuestro país en específico, sin embargo, consideramos que en conjunto con varios actores sociales podemos definir mecanismos de reactivación económica que garanticen la vida de la gente y beneficios para la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. En este contexto nos permitimos sugerir y ratificar nuestro compromiso de colaborar en los siguientes puntos:

▶ Generar o consolidar un escenario de riesgo nacional, que incorpore multicriterios con dimensiones sociales, económicas, culturales, que permita discutir con las y los prefectos y alcaldes una hoja de ruta clara para gestión de emergencia y la reactivación productiva.

▶ Conformar o reforzar la mesa técnica para el asesoramiento de la academia en el COE Nacional y los COE Provinciales y Cantonales, espacios donde se agrupen a docentes investigadores que provean de evidencia científica para la toma de decisiones.

▶ Generar un proceso para la entrega oportuna de información actualizada, georeferenciada y validada de manera periódica a los Municipios, para que puedan tener un control más efectivo de los cercos epidemiológicos y que permita avanzar a una fase planificada de distanciamiento social.

▶ Solicitar a la Contraloría General del Estado, genere lineamientos o actualice algunas normas de control que garanticen el uso adecuado y transparente de los fondos públicos en nivel central y descentralizado.

Esta crisis puede ser una oportunidad para repensar los modelos de desarrollo, evidenciar con claridad las vulnerabilidades estructurales de nuestra sociedad y promover acciones afirmativas y corresponsables que garanticen los derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución de la República.

Atentamente;

LA DIRECTIVA

DCS – ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL ECUADOR