Comisión del Derecho al Trabajo recibió criterios técnicos sobre reformas para promover empleo y protección social

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional analizó el Proyecto de Ley Reformatoria para la Promoción del Empleo, el Desarrollo del Emprendimiento y la Protección Social Integral.  Recibió observaciones técnicas de Alexandra Valdospinos, experta en Derecho Laboral y Seguridad Social.

Valdospinos enfatizó que la Constitución ecuatoriana garantiza la seguridad social universal y obligatoria para todas las personas que realizan actividades económicas, incluyendo trabajadores autónomos, independientes y profesionales en libre ejercicio. Señaló que únicamente los ecuatorianos residentes en el exterior pueden acogerse al régimen voluntario de afiliación.

Advirtió que cualquier reforma debe fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, mediante mecanismos técnicos adecuados para calcular aportes de trabajadores con ingresos variables y estudios actuariales que aseguren el financiamiento de las prestaciones. Asimismo, alertó que la creación de regímenes laborales excesivamente flexibles podría provocar precarización laboral, segmentación del sistema y evasión de obligaciones patronales.

La experta expresó preocupación sobre ciertas figuras planteadas en el proyecto, como el “contrato de emprendimiento”, que podrían utilizarse para encubrir relaciones de dependencia laboral y reducir la estabilidad del empleo formal. Por ello, recomendó incorporar mecanismos antifraude, interoperabilidad entre el IESS, el Ministerio del Trabajo y el Servicio de Rentas Internas (SRI), además de controles sobre facturación electrónica y verificación de ingresos reales.

En el debate legislativo también se abordó la necesidad de diferenciar el trabajo autónomo legítimo de posibles simulaciones laborales. Como referencia, se mencionó el modelo español del trabajador autónomo económicamente dependiente, utilizado para identificar relaciones laborales encubiertas.

Posteriormente, el equipo asesor de la comisión presentó observaciones jurídicas y constitucionales sobre el trámite legislativo de anteriores proyectos de reforma laboral.

Los legisladores coincidieron en la necesidad de solicitar un criterio jurídico a la Coordinación de Asesoría Jurídica, con el fin de determinar la validez del trámite realizado anteriormente y evitar futuras controversias constitucionales.

RSA