Clarificar el tema de ensayos clínicos planteó la Ministra de Salud, en Justicia

La absoluta protección del interés superior de los menores sigue siendo la principal preocupación en el debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez. La Comisión de Justicia recibió múltiples aportes y propuestas de parte de organizaciones estatales, colectivos ciudadanos y expertos en temas de familia.

Al organismo se dieron cita: Verónica Espinosa, ministra de Salud; Fausto Miño y Carmen Borja, del Colectivo Igualdad Ecuador; Byron Monge, de la Unidad Tercera de la Mujer y la Familia; Mónica Hernández, exdirectora del Plan Familiar Ecuador; Rosa López, representante del Movimiento de Mujeres de El Oro y Mujeres Valdivias; Luis Ortiz; y, Lita Martínez, de la Fundación CEPAM.

La ministra Espinosa comentó que la investigación científica – médica es fundamental para el desarrollo de la ciencia y el ejercicio del derecho a la salud, pues ha permitido descubrir los antibióticos y vacunas, por tanto, en la reforma urge establecer que esa investigación cuente con las debidas regulaciones para proteger a los sujetos de la misma, es decir, los seres humanos.

También consideró que el profesional debería informar al menor de edad el procedimiento de atención propuesto para su cuidado y solicitar, a más del consentimiento informado de sus padres el asentimiento del menor de 12 a 17 años, tomando en cuenta su edad y madurez, en los casos de atención sanitaria que implique riesgo mayor, si la decisión es negativa deberá respetarse siempre y que de igual manera se proceda en los ensayos clínicos.

Sugirió, además, que los exámenes de ADN por filiación o paternidad salgan de la competencia del Ministerio de Salud y pasen directamente a la Fiscalía y Policía Nacional, ya que no se trata de ningún servicio de salud vinculado con la salud integral de las personas.

El artista Fausto Miño expuso los modelos de Colombia y Argentina, en los cuales se evitan, a toda costa, que los temas de familia terminen en las cortes judiciales. En esos modelos están presentes las Unidades de Bienestar Familiar, que cuentan con mediador psicólogo, trabajador social y un comisario de la niñez.

En estas unidades se presenta un pan de coparentalidad tratando de fortalecer la rutina y cotidianidad de los menroes para que alcancen su estabilidad.

Carmen Borja reconoció que han surgido padres que buscan mayor participación como criadores, cuya faceta proporciona mayor bienestar social a las mujeres, a los niños y a ellos mismos. Citó el pensamiento de Carlos Becerra en el sentido que la presencia de ambas figuras, esto es, padre y madre incide en la formación de los menores.

Byron Monge señaló que la coparentalidad y la tenencia compartida debe nacer de un consenso, no de una imposición, respetando en todo momento los derechos y sentimientos de los niños y que para tomar una decisión se debería considerar casos de violencia intrafamiliar.

Mónica Hernández sostuvo que la reforma tiene que ser lo más efectiva posible, afianzando el interés suprior del niño, con la implementación de mecanismos de prevención. Se debe obligar, de ser el caso, que el padre o la madre entren en un proceso de terapia psicológica o consejería, a fin de bajar las tensiones y resentemientos, para que, con cabeza fría, tomen la mejor decisión.

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