Estado ecuatoriano reconoció públicamente su responsabilidad en el caso González Lluy

Este lunes 22 de mayo, se llevó a cabo el Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el marco de las reparaciones dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso González Lluy.

El evento contó con la participación de la Gobernadora del Azuay María Augusta Muñoz, quien ofreció las palabras de bienvenida y su apoyo para Talía (víctima) y para toda su familia a nombre del Gobierno Nacional.

“Como mujer y madre me solidarizo con Talía y con toda su familia, en especial con Teresa su mamá, imaginamos la lucha que han llevado adelante durante todos estos años, lo que en verdad es digno de reconocer. Talía, te enviamos nuestro abrazo fraterno, tu fuerza hoy nos da un gran ejemplo de vida, ratificamos todo el compromiso desde el Gobierno Nacional, para que tus derechos sean garantizados y que tu lucha no sea en vano”, dijo Muñoz.

Con este acto el Estado ecuatoriano reconoció de forma pública, a través del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, su responsabilidad internacional en lo sucedido con Talía G. el 22 de junio del año 1998, cuando fue contagiada con VIH a los tres años durante una transfusión de sangre. “Estos hechos ocurrieron hace 17 años, hoy nuestra Revolución atiende con educación vivienda y salud a la víctima, reparamos violaciones de sus derechos humanos en el pasado, con acceso gratuito a la educación superior, atención médica integral y la entrega de una vivienda; hoy garantizamos su derecho a una vida digna”, fueron parte de las declaraciones de Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Datos del caso

• El caso fue llevado en junio de 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
• El 1 de septiembre de 2015, la CIDH declaró al Estado ecuatoriano responsable por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la educación de Talía. También lo declaró responsable de la violación de la obligación de fiscalización y supervisión de la prestación de los servicios de salud en perjuicio de Talía, así como de la violación del derecho a la integridad personal de Teresa e Iván, su madre y hermano.
• Tras la sentencia, la CIDH determinó que el Estado ecuatoriano debe brindar tratamiento médico a Talía de forma gratuita, lo que supone medicación y atención psicológica o psíquica, así como una vivienda, becas de estudios en universidades de pregrado y posgrado sin poner su rendimiento académico como condición. Según el fallo, el Estado también debe indemnizar económicamente por daños materiales e inmateriales, la restitución de gastos hechos para la salud de Talía, y llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ante lo sucedido.

GOBERNACION DEL AZUAY