Reforma penal en materia Anticorrupción contó con aportes de expertos

En el marco de la definición del informe de segundo debate del proyecto Unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia Anticorrupción, la Comisión de Justicia, presidida por el legislador José Serrano, en la sesión 135, receptó las opiniones de los abogados María Azul Romero y Galo Alejandro Carrillo. La prevención, la figura de compliance (cumplimiento normativo) y dosimetría fueron los temas de amplia discusión.

A criterio de María Azul Romero, experta en anticorrupción, los objetivos de la lucha contra este fenómeno deben enfocarse en frenar las irregularidades en la contratación, incrementar la profesionalización de los agentes públicos, promover la eficiencia, el uso de la contratación electrónica, que es un mecanismo que permite hacerlo de forma transparente; así como, prevenir sanciones administrativas, penales y económicas.

Expuso que, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), al menos el 2 % del Producto Interno Bruto del mundo, lo que significa 2 mil millones de euros, se destina a sobornos que van a manos privadas, lo que podría servir para construir más escuelas, hospitales, bienestar social en general.

En el 2020, la ciudadanía ecuatoriana percibe, en un 42 %, a la corrupción como un grave problema que perjudica a la comunidad, misma que debe ser combatida, visualizada, sancionada y eliminada. Incluso el 87.2 % de la población está de acuerdo con el hecho de que el Gobierno implemente un sistema de recompensas económicas a quienes den información sobre actos de corrupción, delincuencia y narcotráfico, mientras que el 65.46 % se encuentra a favor de la confiscación de bienes, indicó.

Legislación comparada

Comentó que Argentina mantiene la Ley de Régimen de Responsabilidad Penal aplicable a personas jurídicas privadas de capitales nacionales o extranjeros que tengan o no participación estatal. En tanto, Chile determina, en el Código Penal, la responsabilidad de personas jurídicas, y España pone atención a la existencia de la corrupción entre particulares, dentro de los delitos más habituales en el ámbito empresarial.

Romero se mostró a favor de establecer una fórmula de recompensa para aquellas personas que contribuyen a la recuperación del producto de actos ilícitos, mediante denuncias claras y contundentes.

No al incremento de penas

Desde la óptica del doctor Galo Carrilo, la propuesta de aumento de penas no tiene sustento teórico, dogmático, ni penal. La criminalización ejemplarizante nunca logrará la disuasión en sociedades donde el conflicto social es estructural, lo único que provocará será un desbordamiento arbitrario del poder punitivo en la imposición de penas irracionales.

Expresó que es fundamental la instauración de políticas públicas que eviten el cometimiento de delitos; se podría recurrir a la tipificación de conductas penalmente relevantes, siempre que lo amerite la realidad social, de lo contrario incurriríamos en un derecho penal simbólico que no resuelve el problema de fondo, agregó.

Pidió revisar la ampliación y tipificación que se ha realizado a los tipos penales de peculado, tráfico de influencias y sobreprecios en contratación pública. Es importante que los mismos se apliquen en las fases contractual y de ejecución de un proceso de contratación pública, mas no en la etapa precontractual en la que no existe poder decisorio y no son determinantes para la ejecución de un contrato.

El parlamentario Héctor Muñoz destacó que el eje preventivo es clave para determinar y evitar a tiempo actos de corrupción, tras explicar que ciertas estructuras privadas reciben incentivos para aplicar el sistema de cumplimiento normativo (compliance).

Al respecto, el presidente José Serrano habló de analizar la posibilidad que este asunto denominado compliance pueda tener un carácter obligatorio en la parte pública y privada, mediante un cambio en la Ley de Compañías u otras normas.

Por último, la asambleísta Lourdes Cuesta recordó que en los últimas modificaciones al COIP hubo acuerdo sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero en el informe final se lo descartó, por lo que es propicio el momento para retomar su análisis. Serrano dispuso al equipo técnico que prepare un estudio al respecto.

DCS – ASAMBLE NACIONAL