Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, se fortalece el acceso integral al agua para aproximadamente 3 millones de ecuatorianos pertenecientes a juntas comunitarias

Las juntas de agua y riego sostienen el acceso al agua en zonas rurales donde el
Estado no opera directamente los sistemas, y cumplen un rol clave en el
abastecimiento, producción agrícola y economía local.
El Gobierno Nacional concretó una de las acciones más relevantes para la gestión
del agua en territorio: simplificar las reglas para acceder de manera equitativa al
recurso hídrico y fortalecer a las organizaciones que lo administran. Desde el
Auditorio Principal de la Universidad Nacional de Chimborazo -UNACH-, el Ministerio
de Ambiente y Energía -MAE- lideró una jornada en la cual se abordaron temas que
incluyeron: reforma normativa, regularización y fortalecimiento institucional.
Al evento “Fortalecimiento de la gobernanza y uso sostenible del agua en
Chimborazo”, realizado este 20 de marzo, asistieron autoridades, técnicos y cientos
de representantes de juntas de agua y saneamiento; y riego, que permitió ejecutar
tres acciones concretas: la entrega de 100 resoluciones de personerías jurídicas, la
firma de una reforma al marco normativo para optimizar el acceso al agua y la
suscripción de un convenio interinstitucional para fortalecer la gestión legal en
territorio.
Aproximadamente 3 millones de habitantes de sectores rurales del país,
pertenecientes a 4 690 juntas de agua potable y saneamiento; y 2 766 juntas de riego
-en conjunto superan las 7 400 organizaciones comunitarias- se benefician de la
entrega de documentos jurídicos, viabilidades técnicas y de la emisión de reformas
normativas que realiza el Gobierno Nacional para potenciar el uso responsable y
accesibilidad integral al agua.
Uno de los hitos centrales fue la firma de la reforma al Acuerdo Ministerial 2018-0194,
que regula los requisitos para la autorización de uso de agua. “Esta reforma introduce
un enfoque más claro, ágil y adaptado a la diversidad del país. No crea nuevos
requisitos ni genera costos adicionales, pero sí ordena y precisa los existentes,
eliminando ambigüedades y reduciendo tiempos de tramitación. Su objetivo es claro:
facilitar el acceso al agua con reglas más justas, transparentes y acordes a la realidad
rural, explicó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
En Chimborazo, las decisiones adoptadas tuvieron impacto directo. La entrega de
personerías jurídicas y otros instrumentos administrativos benefició a 7 417 usuarios
y más de 37.000 ciudadanos, fortaleciendo la organización comunitaria y asegurando
una gestión transparente respaldada por el Estado.
En el marco de este evento, también se suscribió un convenio entre el GAD de
Penipe y el MAE para reforzar la unidad jurídica de la oficina técnica en Riobamba,
mediante asistencia técnica y la incorporación de profesionales que optimizarán los
procesos administrativos vinculados al agua.
Boletín N° 229 Ministerio de Ambiente y Energía
20 de marzo de 2026
El Ejecutivo reiteró la necesidad de garantizar el acceso hídrico sin barreras. “La
accesibilidad al agua no puede depender de trabas administrativas ni
interpretaciones discrecionales. Es un derecho que el Estado debe garantizar con
reglas claras y sin exclusiones”, añadió la ministra.