En Guayaquil, la Policía, la Procuraduría y el sector bananero plantean reformas clave para enfrentar al crimen organizado

La Comisión de Seguridad Integral, reunida en la Universidad Ecotec de Guayaquil, centró el debate en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”. En este contexto, recibió observaciones y aportes técnicos de la Comandancia General de la Policía, la Procuraduría General del Estado y la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador.

El coronel Roberto Santamaría, director de la Academia de Estudios Estratégicos de la Policía, aseguró que «es trascendental la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia». En ese marco, destacó que la propuesta de ley permitirá fortalecer las capacidades del Estado para la investigación, la prevención y la reacción inmediata frente a estos delitos.

Como parte de las observaciones al proyecto, planteó fortalecer las herramientas legales para combatir las economías ilícitas que financian al crimen organizado, al advertir que estas podrían representar una afectación equivalente a cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB). En ese sentido, enfatizó que el principal objetivo de la normativa debe ser desarticular la economía criminal.

Entre las propuestas, la institución sugirió actualizar el tipo penal de terrorismo para responder al incremento del uso de explosivos por parte de organizaciones delictivas; reforzar la legislación para combatir el robo de hidrocarburos, actividad que habría ocasionado pérdidas millonarias en el último año; y adecuar la definición jurídica de terrorismo a la realidad nacional.

Además, recomendó garantizar la designación de jueces especializados en delitos de crimen organizado, principalmente en Quito y Guayaquil; fortalecer la cooperación internacional para enfrentar redes criminales transnacionales; y complementar las reformas con medidas relacionadas con el comercio exterior.

Por su parte, el director de Patrocinio de la Procuraduría, Abelardo Albornoz, expresó el respaldo institucional a la reforma. Como principal propuesta, planteó restringir la asignación temporal de bienes sujetos a medidas cautelares, prevista en la reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, de manera que estos solo puedan entregarse a organizaciones privadas sin fines de lucro cuyo objeto esté orientado a fines sociales. Con ello, señaló, se garantizaría que los bienes generen un verdadero beneficio social mientras concluyen los procesos judiciales.

En tanto, José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, respaldó la iniciativa con cinco propuestas orientadas a fortalecer la investigación del crimen organizado y proteger a los actores legales de la cadena exportadora.

Entre sus principales aportes, planteó establecer la trazabilidad y la corresponsabilidad de toda la cadena logística; garantizar el debido proceso para los trabajadores; aplicar medidas cautelares proporcionales dirigidas a los líderes de las organizaciones criminales; agilizar la inspección y liberación de carga para proteger la competitividad del comercio exterior; y fortalecer los controles en los puertos. Hidalgo enfatizó que las investigaciones deben dirigirse hacia quienes lideran las estructuras delictivas y no limitarse a los primeros eslabones de la cadena exportadora.

JC

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