Resolución de suspensión de actividades mineras en El Oro, Napo y Loja cumple 23 días con resultados a favor de la protección ambiental

Tras la resolución emitida por el Ministerio del Ambiente y Energía, que obliga a la
suspensión de actividades mineras en zonas priorizadas en El Oro, Napo y Loja y el
endurecimiento de las inspecciones y controles en las mismas provincias, se registra un
total de 125 suspensiones a actividades en concesiones mineras en Napo y Loja; y 105
notificaciones de cese de operaciones en Plantas de Beneficio en el Oro, números que
se presentan luego de 23 días de vigencia del documento resolutivo.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, destaca que estas acciones
responden al cumplimiento de un plan estratégico enfocado en la protección de las
fuentes hídricas, la conservación ambiental y el respeto a las comunidades. “Son 230
intervenciones en menos de un mes, lo cual demuestra que el trabajo articulado arroja
resultados positivos, con miras al fortalecimiento de la administración responsable de los
recursos y a la lucha en contra de la extracción ilícita de minerales”, puntualizó la
autoridad.
Los resultados por provincia arrojan los siguientes datos:
• Napo: Avance del 84%. Con corte de 25 de febrero, en esta provincia se han
suspendido un total de 43 concesiones mineras de un universo de 51.
• Loja: Registra un 82%. A la fecha, 82 de 100 concesiones han recibido la
notificación de suspensión de actividades mineras.
• El Oro: 100% cubierto. De un universo de 105 plantas de beneficio, todas han
recibido la notificación de cese de actividades, sin embargo, 57 retomaron las
operaciones tras presentación y posterior aprobación de los Planes de Acción en
cuanto al manejo ambiental e hídrico, que derivó en el levantamiento de las
suspensiones.
Las intervenciones se ejecutan de manera permanente con un despliegue coordinado
que involucra el accionar de personal técnico y estratégico del Ministerio del Ambiente y
Energía, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y las Fuerzas Armadas,
lo cual garantiza un respaldo técnico, operativo y de seguridad en cada procedimiento.
El cumplimiento de las cláusulas estipuladas en la resolución, avanza de manera
paulatina, la protección de las fuentes hídricas, la conservación de los ecosistemas, el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades y el combate
activo en contra de la extracción ilícita de minerales.
El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una minería regulada, responsable y
sometida al control institucional, bajo un esquema de coordinación interinstitucional que
prioriza la legalidad, la protección ambiental y la estabilidad territorial