Asambleístas respaldan pedido para que la Contraloría y la Fiscalía investiguen sus cuentas
Varios legisladores de diferentes bancadas políticas abordaron el tema de los denominados “diezmos” que habrían sido exigidos por algunos parlamentarios a sus asistentes administrativos y asesores, bajo la figura de contribución voluntaria para los movimientos políticos a los cuales pertenecen.
Institucionalidad
La asambleísta Ana Belén Marín subrayó que al inicio de esta función pública firmaron la declaración juramentada en la cual se establece, con claridad, que en cualquier momento se pueden abrir sus cuentas personales, particularmente por parte de la Contraloría General del Estado.
Indicó que conoce de tres casos puntuales que están en la Fiscalía General con la respectiva denuncia y que redes sociales como twitter y facebook no necesariamente son fuentes confiables. Por consiguiente, se debe esperar que las denuncias sean investigadas y el pronunciamiento del Fiscal, expresó la representante de Cotopaxi.
“Se debe mantener la institucionalidad de la Función Legislativa. “La Asamblea ha dado grandes pasos, estamos creciendo con la aceptación de los ciudadanos y no podemos permitir que a todos los legisladores nos metan en el mismo saco; nos vamos a defender con transparencia”, enfatizó la asambleísta Marín, tras considerar que este tipo de denuncias de presunta corrupción buscan desestabilizar el trabajo y deslegitimar la gestión de la Asamblea.
Cuentas abiertas
En tanto, el asambleísta César Litardo, aseguró que sus cuentas están abiertas para ser investigadas.“Esta Asamblea está demostrando que no se va a ocultar nada y habrá todas las facilidades para que se investiguen los presuntos casos de corrupción”.
Para ello garantizarán el debido proceso, el derecho a la defensa y, una vez la justicia determine que si hay responsables, con evidencias y cumplidos todos los procedimientos, habrá que sancionarlos, pues no habrá ningún tipo de miramientos, añadió.
Respecto a una posible autodepuración, Litardo manifestó que todas estas denuncias deben ser investigadas por la Fiscalía y presentar pruebas de cargo y descargo para que la justicia determine si hay culpables o no. “La Asamblea Nacional, bajo ningún concepto va a tapar actos irregulares que se hayan dado”, reiteró.
No a la generalización
El legislador René Yandún de la bancada de Integración Nacional, dijo que han hecho un seguimiento del tema y ratificó que existen tres denuncias que llegaron al Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Para Yandún, los tres casos no conciernen específicamente al juzgamiento entre empleador y empleado público, son cosas absolutamente personales, razón por la cual esto debe ser procesado en los campos civil y penal, según corresponda.
Como bancada, aseguró, hicieron un análisis y recabaron toda la documentación del caso referido al legislador Puanchir, quien ha cancelado un monto, existe una letra de cambio para pagar en fecha posterior y la demandante, de apellido Campoverde, ya desistió de la denuncia presentada.
“Aquí no hay pedido de cuotas, es un crédito y por ello se firma como garantía una letra de cambio, razón por la cual esto se tratará de otra manera”, insistió.
Sobre la autodepuración, dijo que este proceso sería posible siempre y cuando se tengan pruebas contundentes, caso contrario, no habría lugar al mismo. “Se ha hecho un escándalo de carácter global que nos incluye todos los miembros de la Asamblea, es decir a toda la institución. Los medios de comunicación deben investigar y descubrir quiénes son los asambleístas que han trabajado o no con este sistema de diezmos”, sentenció.
Asambleísta Cuesta
De su lado, la asambleísta María Mercedes Cuesta anunció que ha presentado una nueva declaración juramentada en el sentido que todas las personas que trabajan con ella reciben su salario en forma completa.
La asambleísta nacional cuestionó que se hayan dado estos presuntos casos de corrupción dentro de la primera Función del Estado y anunció que trabaja en reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para establecer sanciones a quienes cometan delitos. Enfatizó que existe un grupo político claramente identificado que hace protestas en las calles y busca desestabilizar el trabajo de la Asamblea Nacional y afectar su imagen.
RD/eg
DCS ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR