Ministerio de Inclusión y SRI exponen criterios sobre el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario

La Comisión de Desarrollo Económico inició con las comparecencias para tratar el proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica.

El primero en comparecer fue el Ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Granda, quien hizo un recuento de la atención del Gobierno, a niños, personas de la tercera edad y con discapacidad antes y después de la pandemia del Covid-19. Al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno plantea nuevas acciones y escenarios que permitirán establecer políticas intersectoriales a favor de toda la población.

Manifestó que la preocupación del Gobierno es no desproteger a la ciudadanía, garantizar el empleo, diferir los pagos de servicios básicos, refinanciamiento de deudas tanto en la banca pública y privada, entrega de bonos de protección emergente, entre otros temas.

Así también se refirió a la cuenta de Asistencia Humanitaria contemplada en el proyecto de Ley e indicó que los fondos servirán para la reactivación social y productiva del país y estarán destinados, entre otros aspectos, para kits de alimentación, entrega de bonos, reactivación del sector productivo, pruebas rápidas para la detección del Covid-19.

Inquietudes

Terminada su intervención, los parlamentarios preguntaron cuáles serán los planes y programas que llevará adelante el MIES con el dinero recaudado en la cuenta de Asistencia Humanitaria, a cuánto asciende el costo de cada kit alimenticio, cuáles son las estrategias de entrega, si se tiene previsto bajar la planilla de energía eléctrica no solo prorrogarla, qué medidas de reprogramación del Presupuesto General del Estado se realizaron para los programas de protección social.

Sostuvieron que es importante conocer cuántas nuevas personas ingresarán al Registro Social para acceder el bono, el tiempo proyectado para su entrega y cuánto significa económicamente, cuántas ayudas se han entregado al sector rural y urbano, si las compras de kits alimenticios solo se hicieron a las grandes cadenas o también participaron productores de la economía popular y solidaria.

Ante las interrogantes, el secretario de Estado indicó que la acción focalizada para entregar kits a personas con discapacidad y tercera edad está a cargo del Plan Toda una Vida. Señaló que también se han entregado raciones alimenticias a través del programa Dar Una Mano sin Dar la Mano, señaló que se trabaja en conjunto con 61 municipios para coordinar la entrega, así como con varios prefectos. Sostuvo que los alimentos que entregan los supermercados son adquiridos a los productores de la economía popular y solidaria.

Sostuvo que el Banco de Alimentos de Guayaquil entregó 160 mil kits en esa ciudad; el MIES 68 mil, a esto se suman entregas realizadas por fundaciones, organizaciones y sociedad civil. En su intervención también detalló cuántos bonos, compensaciones y asistencia social se entregó en Guayaquil. Al mismo tiempo, dijo que los costos de los kits van entre los 10 y 20 dólares y constan alimentos no perecibles. En otro aspecto, indicó que la entrega del bono emergente a un millón de personas costaría, por tres meses, 150 millones de dólares y dijo que existen 14 mil puntos para cobrar el bono.

Servicio de Rentas Internas

Marisol Andrade, representante del Servicio de Rentas Internas (SRI), sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo involucra tres aspectos fundamentales: contribución humanitaria temporal sobre ingreso de personas naturales, contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades y facilidades de pago. Así mismo explicó cómo funcionaría la tabla de contribuciones para personas naturales.

En cuanto a la contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades por rango de la base imponible sostuvo que el número de contribuyentes son 1474 con lo que el total de recaudación estimada sería de 516,88 millones de dólares.

En sus intervenciones los asambleístas plantearon cuál es la base legal para la contribución planteada en la Ley, preguntaron si se contempla facilidades para diferir el pago del Impuesto a la Renta a personas naturales, cuál será la afectación del SRI por la recaudación del IVA y el decrecimiento de la recaudación del Impuesto a la Renta, cuál es el esfuerzo que se ha hecho por cobrar a las grandes empresas, qué planteamientos hay para la repatriación de dinero de paraísos fiscales, también cuestionaron que el aporte del 5 % en el caso de aquellas empresas que superaron utilidades iguales o mayores a 1 millón de dólares se calcule con base al periodo 2018.

En cuando al argumento legal para la contribución planteada en la Ley sostuvo que está amparada en la Constitución y en el ordenamiento jurídico que le faculta al Ejecutivo enviar una propuesta a la Asamblea. Sobre las utilidades de 2018 no hay retroactividad señaló, apuntó que hasta el momento no hay el cierre de 2019, por eso fue el planteamiento. También indicó que el SRI tiene afectación del 5 % en recaudación del Impuesto a la Renta de personas naturales. Así también puntualizó que hay juicios coactivos y medidas cautelares en contra de grandes empresas que no han cumplido con sus obligaciones tributarias. En su intervención volvió a explicar la contribución de personas naturales.

Derechos de los Trabajadores

La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Karina Arteaga, indicó que la mesa legislativa elaborará un análisis de los temas relacionados con el trabajo y la Seguridad Social que constan en el proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo. Indicó que en su mesa han invitado a expertos en situaciones laborales y de Seguridad Social para llevar adelante un mejor tratamiento a la norma.

DCS – ASAMBLEA NACIONAL