Boletines de prensa.

Quito, 16 de diciembre de 2015 Boletín 5142

Subcomisión visitará cantón Río Verde para analizar proceso de desalojo

La Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad conformó una subcomisión integrada por los asambleístas Antonio Posso, Paulina Padrón, Rita Matías, Guadalupe Salazar y Zobeida Gudiño para realizar una visita in situ a las comunidades Paufí y Guayacanes, en la parroquia Montalvo, cantón Río Verde, para analizar la orden de desalojo efectuada por el ciudadano español Christopher Carrión Hernández, supuesto propietario de las tierras.

De acuerdo con la presidenta de la comisión, Zobeida Gudiño, ante la orden de desalojo interpuesta por el ciudadano español, se solicitó a todas las instituciones involucradas los informes respectivos, hasta el 17 de diciembre, para analizar el proceso. Una vez que la documentación sea entregada la subcomisión se trasladará a territorio para iniciar la investigación.

El alcalde del cantón Río Verde, Dubal Guisamano, informó que en las comunidades Paufí y Playa Guayacanes construidas sobre 11 hectáreas, nueve de las cuales son solicitadas por el ciudadano español, hay familias que habitan alrededor de 30 y 40 años, por eso pedimos que a esas familias humildes que han logrado construir sus casas en tantos años les dejen vivir en paz, reiteró.

Los representantes de las comunidades, entre ellos Domingo Hurtado y Beatriz Cevallos, explicaron las condiciones en que viven los pobladores, quienes actualmente, cuentan con escuelas, iglesia, camino vecinal, luz eléctrica, reservorio de agua, entre otras obras. No obstante, actualmente no nos permiten hacer nuevas obras porque dicen que esas tierras no son nuestras, aseveraron.

El abogado de los perjudicados, Líder Zambrano Loor, explicó que después de presentar toda la documentación requerida fue aprobada la lotización Playa Guayacanes, para estar organizados y tener una mejor convivencia social, en mayo de 2008, la misma que cuenta con 110 solares y áreas de recreación, de los cuales 46 personas tienen escrituras públicas individuales y el resto sigue en grupo. Sin embargo, en mayo de 2013 iniciaron las solicitudes de desalojo y en diciembre de 2014 se resuelve ordenar el desalojo, sin tomar en cuenta todas las pruebas presentadas anteriormente que demostraban que las tierras han sido adquiridas legalmente, por lo que solicitamos que se analicen las escrituras para que prevalezca la justicia y solucionar este problema, acotó.

Finalmente, la vicepresidenta de la comisión, Guadalupe Salazar, destacó la importancia de conformar la subcomisión para ser veedores de la situación y defender los derechos humanos y colectivos de los afectados.

GC/pv

Quito, diciembre 16 de 2015 Boletín 5143

“Hay que reforzar la institucionalidad del Sistema Nacional de Lavado de Activos”

En la Comisión de Régimen Económico, el Superintendente de Bancos, Christian Cruz, precisó estar de acuerdo con el proyecto de ley tendiente a reforzar la institucionalidad del Sistema Nacional de Prevención, Control y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos de Terrorismo.

Al señalar que el proyecto de ley no afecta, modifica o altera las competencias de la Superintendencia de Bancos en la materia, expreso que si bien en la exposición de motivos se hace mención al concepto de financiamiento de terrorismo, remitiéndose al Código Orgánico Monetario Financiero, en el articulado del proyecto no hay una referencia puntual a esta materia, a pesar de que fue uno de los requerimientos de las reformas normativas que en su momento realizó el Grupo de Acción Financiara Internacional (GAFI).

Además, señaló que se podría generar un vacío de cuál sería el órgano regulador en materia de prevención de lavado de activos para algunos de los sujetos obligados que fueron incorporados, tales como inmobiliarias, notarios, agentes turísticos, negociadores de joyas, obras de arte, concesionarios de vehículos, embarcaciones, naves, aeronaves, transportadoras de valores, entre otros; ya que estas áreas económicas no son reguladas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.

Por tanto, dijo, es necesario realizar una aclaración al artículo 6 del proyecto, a fin de que se establezca que la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera tendría la competencia de regulación sobre estos otros sujetos obligados, en lo que se refiere a la parte de prevención de lavado de activos.

En otro orden indicó que al sustituir al Consejo Nacional contra el Lavado de Activos (CONCLA) por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, quedaría excluida la participación de dos entes importantes como son el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas, cuyo aporte es de fundamental importancia en el funcionamiento del sistema de prevención a nivel nacional.

El funcionario dijo que no queda claro a qué “Secretaría” le correspondería acatar los criterios de presentación de reportes de operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, razón por la cual solicitó clarificar este tema.

En otro orden, Christian Cruz indicó que el sistema financiero es sólido y solvente. A noviembre de 2014 la liquidez del sistema financiero fue del 13.29% y a noviembre de 2015 aumentó al 13.79%, lo cual refleja la solvencia que tiene el sistema financiero y, en consecuencia, se debe acabar con los rumores que lo único que buscan es afectar al sistema financiero del país.

JLVN/pv

Quito, 16 de diciembre del 2015 Boletín 5144

Comisión aprueba informe para que declaraciones juramentadas se hagan por Internet

La Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. La iniciativa plantea que la declaración juramentada se presente en un formulario electrónico y, por tanto, se elimina la obligación de elevarla a escritura pública, es decir, ya no sería exigible acudir ante un Notario.

El documento establece que éste es un documento público electrónico con todas las formalidades que exige la ley y que tendrá valor probatorio y legal.

La ley es aplicable para todos los servidores públicos y para quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales en las entidades de derecho público y privado en las que haya participación de recursos públicos. A través la página web de la Contraloría General del Estado los servidores públicos tendrán que ingresar sus activos y pasivos. En una comparecencia que realizó el Contralor Carlos Pólit dijo que se agotarán todas las acciones para que la información se mantenga de manera segura y reservada.

De igual manera, afirmó que esta propuesta no solo que es constitucional y legalmente factible que se la haga en línea, sino que ya existe un caso análogo: la declaración patrimonial que se otorga ante el Servicio de Rentas Internas. Además destacó el ahorro de los recursos económicos que se cancela a los notarios. En el informe se explica que se calcula que el gasto de los funcionarios públicos por este concepto sería de unos 20 millones de dólares.

A través de este instrumento legal también se norma la obligación de actualizar la declaración cada dos años. Hoy lo hacen únicamente quienes están expresamente señalados en la Ley: servidores de la Función Judicial, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas, Servicio Aduanero, Hidrocarburos, Contraloría General del Estado (CGE) y Asamblea Nacional, según el documento.

Con nuevo sistema, en la normativa se establece la participación de las Unidades de Talento Humano de las entidades. Determina que éstas en los 10 primeros días de cada mes remitirán a la CGE el detalle de los nombramientos, contratos celebrados y cese de funcionarios el mes inmediato anterior. Así mismo, en cuanto a la obligación de entregar información para la confrontación y examen de las declaraciones patrimoniales se reduce el plazo de 60 a 30 días.

La propuesta también incluye nuevos rubros que deben registrarse en el formulario, entre ellos se encuentran los derechos fiduciarios, derechos por herencia, de usufructo, depósitos en fondos complementarios previsionales. La novedad en este proyecto es que estarán obligados a declarar no solo los ciudadanos elegidos por votación popular; quienes a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan cargos en el sector público, sino también entidades de derecho privado con participación mayoritaria de recursos públicos.

En el informe, la Comisión dice que reconoce la necesidad de mejorar el sistema de declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas, optimizando el procedimiento y registro.

LM/pv

Quito, diciembre 16 de 2015 Boletín 5145

Continúa debate del tema jubilación patronal. Comisión se trasladará a Sucumbíos

En la sesión 122, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social continuó el análisis y debate del proyecto de reforma al Art. 216 del Código del Trabajo relativa a la jubilación patronal, de iniciativa de la asambleísta Cristina Reyes.

En esta ocasión, el organismo recibió a Danilo Manosalvas, del Ministerio de Trabajo, quien opinó que la propuesta se contradice en sí misma, por no contemplar una reforma integral del artículo 216 del Código del Trabajo, que en el numeral 1 establece que se seguirán las normas fijadas por el IESS para la jubilación de sus afiliados, disposiciones constantes en los estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938.

Lo más preocupante es que el proyecto suspende la tabla de coeficientes por un periodo determinado, que sería de dos meses, tiempo en el cual se restringiría el derecho de las personas al pago de la jubilación patronal por no contar con un instrumento de cálculo, a la espera que el IESS defina la situación, aseveró.

Entre tanto, la legisladora Cristina Reyes se mostró abierta a incorporar los cambios necesarios a su proyecto, que busca mejorar la situación de jubilados que reciben cantidades ínfimas entre 20 a 30 dólares mensuales como jubilación patronal.

Por su parte, Marllely Vásconez dijo que la reforma debe contemplar el debido financiamiento, al amparo de los mandatos constitucionales. Es fundamental verificar si genera o no incremento en el gasto público, agregó.

Conflictos laborales

En respuesta al pedido del asambleísta Ángel Rivero, vicepresidente de la Comisión, se conformó una subcomisión integrada por Alex Guamán, José Torres, Mary Verduga, Cecibel Mejía, Betty Carrillo, el proponente y la presidenta Marllely Vásconez, que se trasladará a la provincia de Sucumbíos la primera o segunda semana de enero 2016, a fin de estudiar algunos conflictos laborales provocados por las empresas que prestan servicio a PETROAMAZONAS.

Existen denuncias sobre violaciones a los derechos laborales e incumplimiento en los pagos de los haberes de muchos trabajadores, precisó Rivero.

MG/pv

Quito, diciembre 16 de 2015 Boletín 5146

Propone incluir la promoción y prevención de salud en seguros médicos

Ante la Comisión del Derecho a la Salud, el coordinador de la Unidad de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, Marcelo Aguilar, presentó observaciones puntuales en torno al proyecto de Ley de Medicina Prepagada y Seguros Médicos. Planteó incluir la promoción y prevención de salud en las prestaciones; analizar el alcance de las enfermedades crónicas y degenerativas y establecer nuevos servicios de control de los vectores.

El especialista en el tema explicó que es necesario que los usuarios de los seguros médicos tengan conocimiento de cómo prevenir algunas enfermedades y evitar complicaciones en las ya diagnosticadas. Anotó como ejemplo la prevención del pie diabético, el coma diabético, la insuficiencia renal. Esta última, con una de las tasas más altas en el país, porque no se está haciendo prevención.

Entre las prestaciones mínimas cree que se deben considerar ciertos elementos, como los alcances, niveles de prestaciones que deben asumir los seguros médicos sobre las enfermedades crónicas, degenerativas y eventualmente algunas catastróficas.

Manifestó que las empresas de salud no asumen prestaciones de estas enfermedades porque son crónicas, caras y de larga duración, que generalmente desde una lógica empresarial y de negocios no son atractivas en el control.

Sostuvo que la medicina prepagada y los seguros no cubren servicios hospitalarios de alta complejidad, no plantean especialidades o subespecialidades médicas sino que trabajan en el nivel primario intermedio.

Marcelo Aguilar señaló dos aristas en esta propuesta legal: primero el rol social que puede contribuir en varios aspectos como la prevención y promoción en salud y por otra elementos regulatorios importantes y significativos para evitar particularmente la publicidad engañosa, poco transparente que muchos seguros de salud tienen en el país.

Discriminación por parte del seguro médico

En este marco, los legisladores recibieron el testimonio de María Gabriela Aguinaga y Sebastián Torres, padres de una menor de 4 años, quien por padecer síndrome de down fue discriminada por una empresa de seguro médico privado. Ellos reseñaron los trámites que realizaron por 4 años y entregaron documentación relacionada con la resolución de la Defensoría del Pueblo

Evitar la discriminación por algunas empresas de seguros médicos es parte del objetivo de esta Ley aseguró la asambleísta María Alejandra Vicuña.

RSA/pv

Quito, diciembre 16 de 2015 Boletín 5147

Es necesario considerar otros sectores sujetos obligados a control: Byron Valarezo

El director del Consejo Nacional de Lavado de Activos, Byron Valarezo, en la Comisión de Régimen Económico precisó que si bien hay un número de sectores sujetos obligados al control por parte de la Unidad de Análisis Financiero, hay otros que también deberían considerarse, como por ejemplo los consorcios.

El funcionario dijo que también lo deberían hacer los equipos de fútbol, pues a raíz del caso Fernando M que tuvo relación con un equipo de fútbol, se dieron cuenta que hay mucho que regular, normar y arreglar.

En este marco, dijo que si bien no se permite a la Unidad de Análisis Financiero el control a estos sectores, la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera debería tener la facultad de determinar que otros sujetos obligados pueden ser considerados como tales para reportarle a la Unidad de Análisis Financiero.

Byron Valarezo indicó que la Unidad de Análisis Financiero en el 2014 tenía alrededor de 400 sujetos obligados, hoy tiene 3 500 y hasta el 2017 aproximadamente unos 10 mil, lo que les ha obligado a realizar cambios en el software, equipos técnicos, personal y sobre todo un abanico actividades que deben hacer los analistas.

Al referirse al tema del supervisor natural dijo que todos los sujetos obligados tienen un organismo de control, registro o un supervisor natural, pero no está claro quién controla a los nuevos sujetos obligados, quién los va a sancionar de ser el caso, es decir, quién se hará cargo de un sector determinado, por ejemplo de los joyeros y agentes turísticos.

Los parlamentarios indicaron que en la próxima reunión de la comisión citarán al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, para que explique el objetivo de esta propuesta de reformas a la Ley de Lavado de Activos. Así mismo, indicaron que el representante de la Unidad de Análisis Financiero participará en todas la reuniones de la comisión, a fin de absolver cualquier inquietud de los legisladores.

JLVN/pv

Quito, 16 de diciembre del 2015 Boletín 5148

Esteban Melo se compromete a luchar por los derechos de personas en movilidad

Con un diálogo sobre el proyecto de Movilidad Humana, junto con líderes de organizaciones de migrantes, el asambleísta Esteban Melo comenzó su participación en la conmemoración del Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre. Además de informar sobre el contenido de la iniciativa, receptar criterios y solventar inquietudes, el legislador dijo que su compromiso con este sector es seguir luchando por el respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

El espacio de ciudadanización se realizó a través de video conferencia desde Ecuador con el legislador, representante de Europa, Asia y Oceanía, y migrantes que se reunieron en el Consulado de Ecuador en Milán-Italia. Melo además recibió la invitación de esta institución para participar en las diferentes actividades que realiza el Consulado durante esta semana, para honrar a la familia trasnacional, por medio de “Ecuador celebra a su gente”.

El asambleísta asistirá, ente otros eventos, a la premiación de artistas ecuatorianos, muestras de pintura, concursos de narrativa y de juegos tradicionales. Estas actividades buscan reforzar los lazos de identidad y sentido de pertenencia de nuestros compatriotas, pero también permiten incrementar la participación social, política, asociativa y democrática de la población ecuatoriana en situación de movilidad, afirmó el parlamentario.

El Día Internacional del Migrante es un justo homenaje a nuestros compatriotas, que durante muchos años sostuvieron la economía del país y hoy continúan luchando para contribuir con esta nueva Patria, llena de oportunidades y garantista de derechos. Desde la Asamblea estamos trabajando para crear una Ley de Movilidad Humana acorde con las exigencias que presenta la movilidad humana, sostuvo.

Además, indicó que esta ley es un hito histórico, sobre todo, ahora que la migración se ha convertido en un tema determinante en el mundo. Debemos considerar a este fenómeno como una circunstancia esencial e inevitable de la economía y de la vida social de cada nación. Toda persona pertenece a la gran familia de la humanidad y a una sola casa que es el mundo y, en ese sentido, debemos alentar a luchar por una humanidad y un mundo mejor, sin exclusiones, discriminación y explotación, enfatizó.

LM/pv

Quito, 16 de diciembre de 2015 Boletín 5149

 

 

Bomberos proponen reformas a la Ley de Defensa contra Incendios

 

Representantes de los Cuerpos de Bomberos de Guayaquil, Quito, Cuenca, Ibarra y Manta expusieron en la Comisión de Desarrollo Económico sus criterios sobre los proyectos de reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, planteados por los asambleístas Liliana Guzmán, Octavio Villacreses y Patricio Donoso. Coincidieron en la importancia de construir un marco normativo que les permita contar con los recursos e infraestructura necesaria para cumplir su compromiso de salvar vidas.

 

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón, respecto a la reforma planteada por el legislador Octavio Villacreses, que propone que las empresas eléctricas continúen recaudando valores de terceros, pero de manera optativa para el usuario, quien podrá pagar la contribución de bomberos junto a la factura de energía eléctrica o en las ventanillas de los municipios, señaló que al hacer facultativo el pago se podría causar severos problemas económicos, por cuanto la ciudadanía no se comprometería a cancelar estos valores de los cuales depende el 80 por ciento del presupuesto de los cuerpos de bomberos.

 

De su lado, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Eber Arroyo, manifestó que es deber del Estado velar por la seguridad de los bomberos, quienes en ocasiones no cuentan con los equipos necesarios para combatir incendios y resaltó que no es suficiente reformar el artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios, sino reformar en su totalidad la normativa que data de 1979.

 

Por otra parte, explicó que el presidente de la República, Rafael Correa, autorizó que por tres años más continúe la recaudación mediante la empresa eléctrica; sin embargo, después de los tres años los bomberos estaremos nuevamente en esa problemática por eso se requiere una normativa que permita resolverla definitivamente, reiteró.

 

En este marco, la parlamentaria Liliana Guzmán, aseveró que la incorporación de un inciso en la Disposición Transitoria Séptima para que las empresas eléctricas de comercialización de energía eléctrica, continúen con la recaudación de la contribución mensual a favor de los Cuerpos de Bomberos durante el plazo improrrogable de 360 días, busca generar mayor estabilidad y garantía.

 

No obstante, el asambleísta Patricio Donoso indicó que la reforma al artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios, podría ser una alternativa a este problema mientras se trabaja conjuntamente con los bomberos en una reforma que resuelva definitivamente el pago de la tasa de los bomberos.

 

Además asistieron Oswaldo Ramírez, primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca; Sofonías Rezabala, de Manta; y, Marco Adatti, jefe de la ‘Casaca Roja’ de Ibarra.

 

GC/pv