Boletines de prensa. Asamblea Nacional

Quito, 23 de diciembre de 2015 Boletín 5182

Reforma a Ley de Economía Popular y Solidaria, a debate el próximo martes

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la sesión No. 363 del Pleno para el martes 29 de diciembre de 2015, a las 09h00, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria.

El debate se realizará sobre la base del informe de la Comisión del Régimen Económico, cuyos integrantes consideraron que son necesarias las reformas, porque falta claridad en la definición e identificación del sector; insuficiente normativa regulatoria para los sectores comunitario y asociativo; lentitud en el registro, catastro y obtención de personería de los actores del sector.

También advirtieron dificultades para la obtención de títulos habilitantes necesarios para el desenvolvimiento económico de los actores de la economía popular y solidaria, como el Registro Único de Proveedores, Registro Sanitario, acceso al Régimen Simplificado de Tributación para organizaciones.

Hay inconvenientes en el registro y control de las unidades productivas existentes dentro del sector; imprecisiones que generan controversias en torno al régimen legal aplicable al trabajo solidario; dificultades en la regulación vigente provocadas por la actividad múltiple y las diversas modalidades de integración asociativa, propias de las cooperativas y demás organizaciones.

Además, existe insuficiencia de las medidas de incentivo, fomento y promoción del sector; demora y dificultad en la tramitación de los procesos de liquidación de cooperativas, especialmente las de vivienda; escasas medidas para el fomento en actividades forestales y la construcción de vivienda social.

A través de la normativa se busca detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, conversión y tráfico de activos que fueren resultado o producto de delitos, o constituyan instrumentos de ellos, para la aplicación de las sanciones correspondientes; la organización de sociedades o empresas que tengan ese propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles, para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Así mismo, decomisar, en beneficio del Estado, los activos de origen ilícito; y, realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior.

El proyecto de ley tiene 160 artículos; 11 disposiciones generales; 19 transitorias; 4 reformatorias; 1 derogatoria; y, 1 final y tiene por finalidad prevenir, detectar oportunamente, sancionar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos, en sus diferentes modalidades.

PV

Quito, 23 de diciembre de 2015 Boletín No. 5184

Socialización de proyectos caracterizó trabajo de la Comisión del Derecho a la Salud

El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Willam Garzón Ricaurte, destacó que la gestión de este organismo durante este año se caracterizó por la amplia socialización de los proyectos de ley, entre ellos la Ley de Prevención Integral de Drogas, misma que se realizó en gran parte del país con la participación directa y activa de los actores involucrados en el tema.

Insistió que la aprobación de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, en vigencia desde el 26 de octubre de 2015, en el que publicó en el Suplemento del Registro Oficial 615 constituye uno de los principales aportes de la comisión en beneficio de la niñez, la juventud y en general de la sociedad.

Aseveró que en la ley se incluyó un tema nunca antes hablado como es la prevención, en donde diferentes instituciones públicas del Estado tienen la obligación de involucrase en este proceso preventivo para evitar el primer contacto de la niñez y la ciudadanía con las drogas. El Estado tiene la obligación de dar el tratamiento, hacer un diagnóstico adecuado y la inclusión social que requiere este tipo de personas, añadió.

Indicó la mesa legislativa tiene previsto conformar una subcomisión que se encargará del seguimiento y control de la aplicabilidad de esta ley.

Garzón Ricaurte señaló que los proyectos han sido analizados y debatidos con la ciudadanía, pues durante los siete meses de trabajo se han reunido con más de 700 personas, ha escuchado a cerca de 20 representantes de instituciones, tanto públicas como privadas en el seno de la comisión.

También dijo, que han cumplido un amplio e importante trabajo en territorio, visitaron varias ciudades para dialogar y escuchar a la ciudadanía sus preocupaciones.

Proyecto de seguros médicos

Señaló que otro de los temas importantes, que analiza la Comisión, es el proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada. También están en consideración de los legisladores varias reformas a la Ley de Donación y Trasplante de Órganos. Asimismo, se refirió al proceso de construcción del Código de Salud, como tarea pendiente.

Sobre la medicina prepagada manifestó que se encuentran en una etapa de recibir los criterios de los diferentes actores involucrados a nivel nacional. Han participado los representantes de los seguros médicos, de la medicina prepagada, la academia, Defensoría del Pueblo, personas afectadas para contar con todas visiones y poder construir de mejor manera esta ley.

El legislador espera tener listo el informe para primer debate hasta la tercera semana de enero de 2016 y remitirlo a la Presidencia de la Asamblea, a fin de que sea puesto en la agenda del Pleno, a la vez que informó que luego del primer debate propiciarán un proceso de socialización en todo el país, visitarán diversas ciudades para recoger las inquietudes de la ciudadanía.

En la planificación del 2016 constan tres proyectos de ley: reformas la Ley de Donación y Trasplante de Órganos que las abordarán una vez concluido el trámite de medicina prepagada.

En cuanto al Código de la Salud, señaló que han realizado varios acercamientos con el Ministerio de Salud y otras autoridades que consideran necesario agrupar en esta normativa una gran cantidad de leyes que se encuentran dispersas en temas de salud.

RSA/pv

Quito, 23 de diciembre de 2015 Boletín 5186

Vethowen Chica presentó proyecto de Código Orgánico Administrativo

El asambleísta Vethowen Chica Arévalo, representante de la provincia de Morona Santiago, presentó el proyecto de Código Orgánico Administrativo que será analizado por la Asamblea Nacional en el próximo período legislativo. La normativa tiene por objeto regular las relaciones entre las personas y las Administraciones Públicas a su servicio, establecer el régimen jurídico de los actos administrativos y su revisión en vía administrativa y fijar un procedimiento administrativo común aplicable para todos los órganos y entidades públicas.

De acuerdo con el legislador, la normativa es un hito histórico en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que por primera vez cuenta con una norma general reguladora del procedimiento administrativo, que se aplicará a todos los órganos y entidades del sector público y disciplina todas las interrelaciones entre las personas y las administraciones.

Explicó que el código permite mejorar la tramitación de los procedimientos administrativos para incrementar la eficacia y eficiencia del sector público y cuenta con las herramientas para resolver situaciones de conflicto que exigen una intervención administrativa dirigida a la satisfacción del interés general.

En cuanto a las relaciones entre las personas y las administraciones públicas, se determina el ámbito de aplicación del Código; se fijan los objetivos principales del mismo, que lo diferencian de todas las normas anteriores sobre la materia en el Ecuador, por su vocación de regular de manera omnicomprensiva toda la actividad materialmente administrativa de los órganos y entidades que integran el sector público y las funciones Judicial, Legislativa, Electoral, y de Transparencia y Control Social, las entidades de Control y Regulación y cualquier otra entidad de rango constitucional, con independencia de su específica potestad.

Además, se reconoce a los ciudadanos un conjunto de derechos instrumentales, así como algunos deberes; se define el régimen jurídico de los actos administrativos y se articulan otras técnicas de tutela de la legalidad y corrección de los actos, entre otros temas.

Respecto al procedimiento administrativo y su ordenación, se establecen las bases comunes; el procediminto administrativo ordinario, como elemento formal del acto; las reglas esenciales del procedimiento; fases que lo integran; el proceso progresivo de aplicación de los sistemas de gobierno y democracia digital; la necesidad de asegurar la participación de las personas en los procedimientos administrativos.

Sobre los procedimientos especiales, se regula la potestad sancionadora y las especialidades del procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora. Ambos regímenes, se plantean en sintonía con uno de los objetivos principales de este Código, su vocación unificadora y racionalizadora como instrumento rector de la actividad sancionadora desplegada por todas las Administraciones Públicas.

En cuanto al procedimiento administrativo sancionador, el código pretende simplificar los trámites que lo integran sin que ello implique merma alguna de los derechos reconocidos al presunto responsable.

GC/pv

Quito, diciembre 23 de 2015 Boletín 5187

Pequeños productores podrán participar en grandes proyectos: Virgilio Hernández

El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández resaltó la importancia de aprobar una normativa que permita a los pequeños y medianos productores organizarse de manera asociativa para participar como actores de la economía popular y solidaria, a fin de incidir en las políticas económicas que toma el país a efectos de que se inserten con sus productos en los mercados nacionales e internacionales.

Hay que mirar a la economía popular no de manera marginal, de pobres para pobres, sino en un sector de la economía que participe en los grandes proyectos que impulsa el país, para ello fue necesaria la revisión integral del marco legal, a fin de generar mejores definiciones respecto de quienes son parte de la economía popular y solidaria; y, sobre todo, que el Estado pueda impulsar a este sector poderoso de nuestra economía, agregó.

Con respecto al informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidiaria, indicó que los parlamentarios consideraron establecer una nueva codificación de la ley para comprender de mejor manera la normativa y que este sector pueda tener presencia asociativa organizativa.

Dijo que en el documento se pone una mirada para que los compatriotas que están fuera del país puedan asociarse con quienes están en el Ecuador y de esa manera fortalecer los procesos en nuestro país; y, al mismo tiempo quienes estén afuera se inserten en un proceso dinámico de producción, en un proceso de construcción de alternativas económicas.

Explicó que existen regulaciones en torno a las organizaciones para que los socios que no estén presentes puedan tomar decisiones mediante la utilización de mecanismos virtuales, es decir, participen en las discusiones, debates, incluso en las toma de decisiones, lo cual les permitirá integrarse en los procesos productivos y de comercialización, en las distintas iniciativas que puedan tener en el campo de la economía popular y solidaria.

Además, la propuesta está orientada a dar apoyo a los integrantes de la economía popular y solidaria con incentivos, fomento y producción del sector, obtención de títulos habilitantes necesarios para el desenvolvimiento económico de los actores de la economía popular y solidaria, así como el régimen simplificado de tributación para organizaciones, agilidad en la tramitación de los procesos de liquidación de cooperativas, concluyó.

JLVN/pv

Quito, 23 de agosto del 2015 Boletín No. 5183

Arcadio Bustos plantea que infracciones de tránsito se pague con capacitación

El asambleísta Arcadio Bustos considera que las sanciones por las contravenciones de tránsito no son suficientes para solucionar los problemas relacionados con la circulación vehicular. En consideración de esta premisa presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que los conductores, además de las sanciones también reciban capacitación obligatoria.

En el artículo 386 del COIP plantea que en las contravenciones de primera clase, que son, entre otras, conducir sin licencia, faltar a la autoridad, exceso de velocidad, transportar pasajeros sin permiso, la sanción sea con una multa de 75 % del salario básico unificado y una capacitación obligatoria de conducción profesional de 30 días. La ley vigente establece para estas contravenciones pena privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado y reducción de 10 puntos en la licencia de conducir.

El asambleísta explica que se sanciona hasta tres veces por una misma infracción: prisión, multa y reducción de puntos en la licencia. Sin embargo, considera que el problema del tránsito terrestre no solo le corresponde solucionar a los conductores, sino que están involucrados todos los sectores, entre ellos peatones, escuelas de formación de choferes, autoridades y conductores.

Así mismo, argumenta que con la norma no se han obtenido resultados para reducir las contravenciones. Dice que, por ejemplo, en Quito, en cuanto a la infracción por no respetar el semáforo, en el 2015, en enero se registraron 3018 casos, en mayo 6093, en julio 2769 y en septiembre 3091. La invasión del carril exclusivo pasó de 419 en enero a 3221 en mayor y 711 en septiembre. En cambio, las cifras por las infracciones por fotorradares determinan que en junio fueron de 1931 y en septiembre de 9531.

Según Bustos con esta realidad se hace necesario que todos los conductores que cometan infracciones reciban como sanción además de la multa, cursos de capacitación en conducir, educación vial y de la ley, con el fin de hacer conciencia para que respeten la normativa.

Para las contravenciones de segunda clase propone una multa del 50 % del salario básico unificado y 25 días de capacitación; para las de tercera clase sanción del 40 % y capacitación de 20 días; para las de cuarta castigo de 30 % del salario básico del trabajador y 20 días de capacitación; para las de quinta clase multa del 30 % y 15 días de capacitación.

Para las infracciones de sexta y séptima clase el parlamentario sugiere multa del 20 % del salario básico unificado y 10 y 5 días de capacitación, respectivamente.

LM/pv

Quito, diciembre 23 de 2015 Boletín 5188

Economía popular y reforma hidrocarburífera, temas pendientes en Comisión 3

El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, informó que para el 2016 el organismo legislativo tiene una amplia agenda de trabajo. Continuará el trámite de las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, a fin de preparar el informe para segundo debate; preparará el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, seguirán con el análisis de las reformas a la Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta sobre Herencias, Legados y donaciones.

Igualmente, la comisión tramita las reformas a la Ley de Prevención, Detención y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y el proyecto de Código de Comercio que contiene más de 1500 artículos, añadió.

El parlamentario al referirse al proyecto que evita la elusión del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, conocido como fondo de becas dijo que todo el que hereda más de 68 mil dólares en calidad de heredero tendrá que pagar un impuesto que variará en función de lo que recibe.

Virgilio Hernández indicó que lamentablemente la gente que más tiene no cumple con esa obligación de pagar el Impuesto a la Renta sobre Herencias, Legados y Donaciones porque eluden a través de mecanismos como las fundaciones, fideicomisos, por lo que a través del cuerpo legal estas personas tendrán que pagar este impuesto, cuyos recursos se los ubicará en un fondo de becas.

Así mismo, precisó que la comisión tiene como responsabilidad llevar adelante el informe de ejecución presupuestaria del 2015 que se lo hará a partir de enero de 2016.

JLVN/pv